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Revolución #110, 25 de noviembre de 2007

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Importante nueva medida fascista: Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley sobre “crímenes de pensamiento”

El 23 de octubre, con pocas noticias en la prensa, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley llamado “Ley de Prevención de Radicalización Violenta y Terrorismo Interno de 2007” (o HR 155). Auspiciado por la representante Jane Harman, de California, la Cámara lo aprobó por un voto de 404 a 6 y lo envió al Senado.

HR 155 es una enmienda a la “Ley de Seguridad de la Patria” del 2002, que permitió la mayor reorganización del gobierno federal desde la II Guerra Mundial y aumentó dramáticamente sus poderes represivos. Por ejemplo, metió las dependencias encargadas de la inmigración en el Departamento de Seguridad de la Patria y permitió realizar redadas del ICE (la migra) al estilo de la Gestapo nazi por todo el país.

HR 155 establece una Comisión Nacional para “examinar e informar sobre los hechos y causas de la radicalización violenta, el terrorismo interno y la violencia basada en la ideología en Estados Unidos”, junto con “un Centro de Excelencia para el Estudio de la Radicalización Violenta y el Terrorismo Interno en Estados Unidos, basado en una universidad”.

Si el Senado lo aprueba, HR 155 no cambiará ninguna ley específica ni establecerá nuevos castigos, pero no cabe duda de que llevará a tales cambios y los legitimará. Es una importante nueva medida fascista hacia crear “crímenes de pensamiento”, o sea, prohibir propugnar las ideas y la política radicales y antigubernamentales con el pretexto de la “guerra contra el terror”. Es otro viento helado precisamente en el momento cuando más que nunca millones de personas tienen que oponerse a los profundos cambios represivos de esta sociedad antes de que se consoliden; tienen que responsabilizarse de cambiar radicalmente la peligrosa dirección de en que está encaminada; y tienen que movilizarse políticamente para poner fin a la guerra de Irak y parar un ataque a Irán.

Dar un barniz académico a la represión

La Comisión Nacional y el Centro de Excelencia le darán al gobierno un barniz oficial y “académico” al uso de las etiquetas de “radicalización violenta” y “terrorismo interno” para atacar a activistas y grupos políticos y pensadores disidentes. El presidente nombrará a los 10 miembros de la Comisión y los demás funcionarios. El Centro de Excelencia estará encargado de “utilizar las teorías, métodos y datos de las ciencias sociales y de la conducta para analizar los orígenes, dinámicas y aspectos sociales y psicológicos de la radicalización violenta y el terrorismo interno”. (Ver abajo.)

La responsabilidad y obligación moral de no ser cómplice de los crímenes

Los académicos y profesionales tienen una responsabilidad y obligación moral de no ser cómplices de las medidas represivas del gobierno, como el HR 155. Y hay que apoyarlos cuando nieguen a ser cómplices. Actualmente, muchos psicólogos en las universidades y otras instituciones están luchando contra el uso demente de su campo y su asociación profesional por el gobierno en la “guerra contra el terror”. Las fuerzas armadas ha trabajado con unos psicólogos para elaborar y poner en práctica los programas con que torturan a los presos en Guantánamo, y para mantener a la Asociación Psicológica Americana como parte del programa. El Chronicle of Higher Education informó hace poco que la Asociación Antropológica Americana anunció su oposición a “un programa que empezó el ejército hace un año conocido como Sistema de Terreno Humano, que envía a antropólogos y otros científicos sociales para asesorar a las unidades militares en Afganistán e Irak”. Los académicos no se deben permitir que los usen como parte de la guerra en aras del imperio.

Lo más inquietante y peligroso del proyecto de ley es que define el “terrorismo interno” y la “radicalización violenta” de tal manera que sienta la base para atacar y criminalizar la política y las ideologías que no tienen nada que ver con el terrorismo (pero que los que detentan el poder consideran peligrosas).

HR 155 define la “radicalización violenta” como “el proceso de adoptar o promover un sistema de creencias extremista con el propósito de facilitar la violencia basada en la ideología para fomentar el cambio político, religioso o social”. Define el “terrorismo interno” como “usar, planear usar o amenazar con usar la fuerza o la violencia por parte de un grupo o individuo nacido, criado o basado en Estados Unidos y que funciona principalmente en Estados Unidos para intimidar o coaccionar al gobierno estadounidense, la población civil de Estados Unidos, o una parte de estos, para apoyar objetivos políticos o sociales”. Y define la “violencia basada en la ideología” como “usar, planear usar o amenazar con usar la fuerza o la violencia por parte de un grupo o individuo para promover las creencias políticas, religiosas o sociales del grupo o individuo”.*

¿A quiénes acusarán de tener “sistemas de creencias extremistas”?

El lenguaje deliberadamente ambiguo de HR 155 podría permitirle al gobierno y la policía política atacar a una amplia gama de grupos, individuos y tendencias de oposición. ¿A quiénes acusarán de “adoptar o promover un sistema de creencias extremista” y por eso someterán a la represión judicial: los manifestantes que exigen que pongan fin a la brutalidad policial, que piden un juicio de destitución de Bush, que son partidarios del comunismo y el cambio revolucionario? No es difícil ver las implicaciones dramáticas de esta lógica… y que es sumamente mala.

Una sección de HR 155 dice: “La internet ha ayudado y facilitado la radicalización violenta, la violencia basada en la ideología y el proceso del terrorismo interno en Estados Unidos, dándole acceso a un chorro constante de propaganda relacionada al terrorismo a los ciudadanos de Estados Unidos”. Esto señala medidas futuras para restringir la información en la internet con el pretexto de combatir la “radicalización violenta, la violencia basada en la ideología y el terrorismo interno”.

Junto con esta advertencia sobre la internet, el portal de Jane Harman ataca la juventud en particular: “En testimonio reciente ante el Subcomité sobre Inteligencia, surgieron unos rasgos y características comunes. Bruce Jenkins, de la Corporación RAND, dijo: “…es el mismo grupo etario que reclutan a las pandillas… Estos son hombres jóvenes que pasan por… crisis de identidad, y que buscan definirse… [Si tiene] una narrativa que exalta la violencia, que trata de presentar la violencia como una obligación personal… que ofrece la posibilidad tentadora de clandestinidad e identidad, todo eso es muy atractivo a este grupo etario específico’. En combinación con los trastornos de la adolescencia y la explosión de las tecnologías informáticas y las herramientas de comunicaciones, que los jóvenes estadounidenses utilizan para transmitir declaraciones de Al Qaeda, ahí está un mapa al terror, una ‘tienda’ para la indignación y las aspiraciones retorcidas”.

¡Este proyecto de ley arroja luz sobre lo que están haciendo los de arriba, y demuestra que los demócratas no solo no lo pararán sino que lo están facilitando! Este año en los penales federales han tratado de prohibir todos los libros religiosos, menos unos pocos aprobados, con la misma lógica que HR 155. Por el momento han tenido que batirse en retirada debido a la oposición y varias demandas. Este mes, durante una charla del director de seguridad de la universidad Columbia College de Chicago, una profesor de video pidió “consejos sobre cómo responder a la policía” porque “hace poco el FBI se puso en contacto con ella y le pidió que ‘delatara a estudiantes que tienen ideas contra el gobierno y contra el sistema’”. (“College Council focuses on security issues”, columbiachronicle.com) Y en algunos casos han acusado de “terrorismo” a manifestantes políticos. (Ver abajo.)

Dependencia gubernamental dice: Disentimiento político = terrorismo

En el 2003, por ejemplo, una agencia del gobierno llamada Centro de Información Antiterrorista de California (CATIC) le advirtió al departamento de policía de Oakland de “la posibilidad de violencia” en una protesta contra la guerra de Irak. El vocero de CATIC dijo: “Se puede trazar el vínculo fácilmente. Si hay un grupo que protesta contra una guerra donde la causa es oposición al terrorismo internacional, es posible que haya terrorismo en la protesta. Casi se puede decir que una protesta contra esta guerra es en sí terrorismo”. Continuó: “He oído decir que el terrorismo es cualquier forma de violencia o que tiene un impacto económico, y no cabe duda de que cerrar un puerto tendrá un impacto económico. El terrorismo es más que unas bombas que matan a personas”. Es decir, para este funcionario del gobierno, toda acción política en oposición a la “guetrra copntra el terror” de Estados Unidos (incluso una huelga o la desobediencia civil) se debe considerar “terrorismo”. (Ver “CATIC: Disentimiento político = terrorismo” en revcom.us)

Además, las dependencias policiales están espiando y reprimiendo a la comunidad musulmana en general con el pretexto de “combatir el terrorismo”.  Hace poco un estudio de la policía de Nueva York concluyó que los “musulmanes no asimilados” son posibles “terroristas”; dice que una señal de la “radicalización” es dejar de fumar, tomar alcohol y apostar. Hace poco la división “antiterrorista” de la policía de Los Ángeles anunció un plan para trazar un mapa de las comunidades musulmanas de la ciudad. Un vocero dijo que esto ayudaría a promover a los “moderados” en oposición a los “extremistas”. El director del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas dijo: “¿Quién va a decidir quiénes son los moderados? ¿Son los musulmanes que critican la guerra en Irak moderados?”. Al cierre de esta edición, la policía de Los Ángeles acaba de anunciar que ha abandonado el plan debido a la indignación que provocó.

HR 155 menciona proteger los derechos de la ciudadanía: “Las medidas que se aprueban para impedir la radicalización violenta, el terrorismo interno y la violencia basada en la ideología en Estados Unidos no deben violar los derechos constitucionales, derechos civiles ni libertades civiles de los ciudadanos de Estados Unidos y los residentes legales permanentes”.

Este pequeño párrafo sería risible si no fuera tan espeluznante en vista de las medidas fascistas en este país, que han acompañado las invasiones de Afganistán e Irak y los preparativos para atacar a Irán. Nótese que específicamente excluye a los que no son ciudadanos o residentes legales: los migrantes sin documentos, los estudiantes o visitas temporales y otros. Y hay el caso de José Padilla, un ciudadano estadounidense, que condenaron de conspiración este año por lo que son en efecto crímenes de pensamiento. Un profesor de derecho dijo: “Como el gobierno de Bush conceptualiza y pone en práctica esta ley [de conspiración], el hecho de que Padilla tenía malos pensamientos acerca de Estados Unidos y su gobierno es más que suficiente para meterlo preso de por vida”. Hay intervenciones telefónicas sin órdenes judiciales, la legalización de la tortura, una ofensiva fascista oficial y extraoficial contra los migrantes, el espionaje y detención de manifestantes, el despido de profesores que tienen ideas disidentes y críticas de Estados Unidos, y así sucesivamente.

Todo esto está acelerando muy rápidamente y urge forjar una resistencia política masiva para parar esta trayectoria peligrosa antes de que sea demasiado tarde.

* Este proyecto de ley sigue de cerca el marco establecido por el FBI y detallado en una charla de junio del 2006 de su director, Robert Mueller, que usa de manera intercambiable “radical” y “extremista” y se enfoca en las universidades y los penales. En los años 60, el FBI y otras dependencias policiales espiaron a los movimientos políticos masivos y las corrientes revolucionarias entre los estudiantes, negros y otros sectores, y los atacaron. Las palabras de Mueller y otros altos funcionarios del gobierno tienen implicaciones peligrosas en cuanto a la creciente represión contra los movimientos de resistencia hoy.

 

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