Obrero Revolucionario #1242, 30 de mayo, 2004, posted at http://rwor.org
A mediados de abril George Bush fue a la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, a alabar la Ley Patriota (USA Patriot Act). Escogió esa ciudad porque ahí condenaron a seis hombres de familia yemení de dar "apoyo material" a terroristas. Los seis son ciudadanos estadounidenses y pasaron una temporada en Paquistán y Afganistán en la primavera y el verano del 2001 por razones religiosas, y estuvieron en un campo de entrenamiento de Al Qaeda. Cuando regresaron a Buffalo, después del 11 de septiembre, todo había cambiado. El gobierno los espió por un año, los arrestó y se jactó de haber desbaratado una "célula dormida", pero no los acusó de hacer o siquiera planear nada. Solo los acusó de "apoyo material" por ir a un campo de entrenamiento y comprar uniformes.
Esto lo hizo posible una ley de 1996 que prohíbe dar "apoyo material al terrorismo". La Ley Patriota amplió y reforzó esa ley de 1996. Bush fue a Buffalo a declarar que es un pilar del programa actual de guerra contra el mundo del gobierno estadounidense. Por eso es necesario entender a fondo qué es esta ley, cómo la están usando y qué representa.
El 26 de octubre de 2001, seis semanas después de los ataques al Pentágono y las Torres Gemelas, el Congreso aprobó por unanimidad y el presidente ratificó una ley que da poderes extraordinarios a los encargados de proteger el imperio estadounidense. Se llama "The United and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism" y se conoce por las siglas USAPATRIOT.
La Ley Patriota apareció en una situación de crisis para los imperialistas. Como señaló Richard Clarke (encargado de los programas contra el terrorismo de Clinton y Bush y de manejo de crisis de la Casa Blanca el 11 de septiembre), los atacantes "demostraron que la superpotencia es vulnerable".
La cúpula política respondió a esa vulnerabilidad con una escalada de agresión contra el mundo y con medidas internas de corte fascista. Pero la aprobación de la Ley Patriota fue más que una respuesta de pánico a una crisis; fue más bien un ejemplo de "aprovechar una crisis" para responder a ciertas necesidades presentes desde hace un tiempo.
Para entender la Ley Patriota es útil empezar por el atentado contra el edificio federal de Oklahoma City en abril de 1995. En los primeros momentos, la TV pasó fotos de presuntos "terroristas árabes" y especuló que era obra del terrorismo extranjero. El atentado resultó ser obra de hombres de un movimiento ultraderechista estadounidense. Pero de todos modos el gobierno lo aprovechó para impulsar un proyecto de ley contra inmigrantes y organizaciones extranjeras que ya estaba ante el Congreso.
Esa ley se llama "The Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996" (Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva de 1996). La parte de "Pena de Muerte Efectiva" se refiere al hecho de que limita las posibilidades de apelar a los tribunales federales para los condenados a muerte. Esta ley prohibió a los ciudadanos (y no ciudadanos) estadounidenses dar apoyo material a actividades políticas o humanitarias legales de cualquier grupo que el Departamento de Estado clasifique de "terrorista". Como explicó el catedrático de derecho de Georgetown David Cole, "se puede castigar a una persona no por lo que haga o secunde, sino por apoyar acciones totalmente legales de grupos caídos en desgracia".
Dicha ley también ordena que el Departamento de Estado cree una lista de "Organizaciones Extranjeras Terroristas" y que la Secretaría de Hacienda bloquee los fondos de los grupos de la lista.
Además, estableció que es legal deportar inmigrantes a partir de evidencia secreta que el acusado no puede ver y por lo tanto no puede refutar. Esta medida contra los inmigrantes se multiplicó después del 11-S.
Todo esto le dio al gobierno más poderes para atacar una amplia gama de grupos y de simpatizantes con el pretexto general de combatir el "terrorismo extranjero", y sentó las bases para lo que vendría después.
La Ley Patriota amplió las categorías de "apoyo al terrorismo" y aumentó la pena por tal delito a 10 ó 15 años de cárcel.
También le añadió algo más a la ley de 1996: declaró ilegal dar "asesoría o asistencia técnica" a terroristas. Esta cláusula fue objeto de una demanda ante un tribunal distrital y este declaró que era "impermisiblemente vaga", pero el gobierno piensa apelar.
Las cláusulas de apoyo material de la Ley Patriota tienen un alcance muy extenso. En unas audiencias recientes del Senado sobre esta ley, David Cole declaró que "se pueden aplicar a un chofer de taxi que recoja como pasajero a un líder de una organización terrorista extranjera que vino a dar testimonio ante la ONU. Todo lo que el gobierno tendría que demostrar es que el chofer sabía que el pasajero era líder de esa organización y que la organización está en la lista de organizaciones designadas".
Pero la cosa no para ahí. Las cláusulas de apoyo material le dan al gobierno mucha flexibilidad para atacar a la oposición política.
Veamos el ejemplo de Sami Omar al-Hussayen, estudiante de doctorado de Arabia Saudita de la Universidad de Idaho, a quien están juzgando por "apoyo material" al terrorismo por mantener websites que tienen enlaces a sitios que según el gobierno apoyan la "jihad". El Washington Post informa que darán testimonio contra él "cinco hombres condenados por relación con el terrorismo en Portland, Oregon, Lackawanna, N.Y., y el norte de Virginia". Dirán que vieron videos de reclutamiento a la jihad en uno de esos websites. Mejor dicho, a los que cayeron en los primeros juicios por "apoyo material" ahora los harán declarar en contra de otros acusados de dar "apoyo material". Esto es una red que crece y crece. Con razón el subsecretario de Justicia Christopher Wray dijo en el Congreso: "Preferimos hacer acusaciones de apoyo material porque, francamente,... son más fáciles de utilizar".
Todo esto plantea el peligro de que usen esta ley para atacar a líderes y organizaciones revolucionarios del país. Como señala nuestro artículo de la semana pasada sobre los ataques al PCR: "Una medida especialmente peligrosa del gobierno ha sido combinar movimientos reaccionarios y revoluciones populares dirigidas por comunistas contra gobiernos reaccionarios. Por eso, el gobierno ha designado oficialmente al Partido Comunista de las Filipinas y al Partido Comunista del Perú como organizaciones `terroristas'. Además, ha puesto al Partido Comunista de Nepal (Maoísta) en una lista secundaria (de grupos que todavía no ha `designado oficialmente').
"Una orden ejecutiva del presidente Bush prohíbe las transacciones financieras con una larga lista de individuos y organizaciones acusados de representar una amenaza `terrorista'; uno de ellos es el Partido Comunista de Nepal (Maoísta). `Dar o recibir cualquier contribución de fondos, productos o servicios a las entidades de la lista o en beneficio de ellas', o conspirar para hacerlo, ahora es un delito federal grave. Eso quiere decir que el gobierno puede enjuiciar a individuos, organizaciones y movimientos por el `delito' de apoyar a los pueblos del mundo, pues casi cualquier clase de apoyo político se puede considerar un `servicio'".
El Comité Judicial del Senado realizó audiencias sobre la Ley Patriota porque ha habido varias demandas contra las vagas definiciones de "apoyo material". Pero en vez de cuestionar la ley, el objetivo fue afinarla .
La Ley Patriota es una mezcolanza: aumenta el alcance de leyes anteriores, cambia las definiciones de otras y crea nuevas categorías de represión. Por ejemplo, permite que el FBI y la CIA vean la información que obtenga un gran jurado de acusación (antes esa información era secreta, aunque el gran jurado siempre ha sido un instrumento muy coercitivo para sacar información). Tiene montones de cláusulas para confiscar bienes y frenar el lavado de dinero. Crea una nueva clase de no ciudadanos a quienes pueden deportar o no dejar entrar al país simplemente por asociaciones o declaraciones políticas.
La Ley Patriota aumenta los poderes de espionaje de la ley Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA-Ley de Vigilancia de Extranjeros) y del tribunal que la administra.
Cuando ese tribunal aprueba una solicitud de espionaje del FBI al amparo de FISA, el FBI puede entrar a una casa a "cumplir la orden de registro" y llevarse cosas sin que el dueño lo sepa. David Cole señala: "Los registros e intercepciones telefónicas de FISA pueden permanecer en secreto toda la vida".
El Congreso aprobó la ley FISA en 1978 en medio de un escándalo porque se supo que la Casa Blanca, el FBI y otras entidades del gobierno espiaban a mucha gente. Mejor dicho, en medio de un escándalo que llevó a limitar oficialmente ciertas clases de espionaje, instituyeron un nuevo mecanismo de espionaje.
En teoría, el objetivo de FISA era proteger el país de "agentes de una potencia extranjera". Esto es algo sumamente importante para la clase dominante de una superpotencia imperialista empeñada en conservar y reforzar su imperio. Pero FISA también se ha usado muchas veces para calificar de agentes de una potencia extranjera a los estadounidenses que se oponen al gobierno, como por ejemplo los que se opusieron a la guerra de Vietnam y a las guerras de los años 80 en Centroamérica.
El tribunal de FISA es supersecreto. En octubre de 2001 (antes de la Ley Patriota), la emisora National Public Radio describió que "Los siete jueces [ahora 11] operan en total secreto y un juez tramita solicitudes [de requisas o intercepciones] solo en una sala sin ventanas, a prueba de intercepciones, del Departamento de Justicia".
Ahora con la Ley Patriota las definiciones son tan amplias que el tribunal de FISA autoriza requisas o intercepciones solo con que el FBI o el secretario de Justicia digan que son útiles para una investigación en curso. Ya no hay que definir a la persona como agente de una potencia extranjera. Como le dijo Viet Dinh (ex subsecretario de Justicia que trabajó en la Ley Patriota) a la revista Vanity Fair,basta con decir que la persona u organización en cuestión posee "evidencia relacionada a una investigación" sobre terrorismo.
Un ejemplo de una investigación de FISA es muy diciente. La abogada progresista Lynne Stewart cayó en las redes de FISA por defender al clérigo islamista Abdel Rahman. Empezaron a espiarla desde el gobierno de Clinton y en el curso de siete años reunieron, según informa el NY Law Journal , "más de 85,000 grabaciones de llamadas telefónicas, faxes y transmisiones de computadoras". [énfasis nuestro]
En 2002, el tribunal de FISA aprobó todas las 1,128 solicitudes de requisas o intercepciones que recibió: una cantidad récord.
La Ley Patriota enmienda la Ley FISA de modo que el FBI "puede solicitar que se le entreguen objetos tangibles (como libros, registros, papeles, documentos y otros artículos) para una investigación". Eso está en la Sección 215 de la Ley Patriota: una de las partes más conocidas y odiadas.
El periódico Boston Globe (9 de marzo de 2004) escribió: "El Library Research Center realizó una encuesta de 465 bibliotecas públicas y 120 bibliotecas privadas de Illinois; siete bibliotecas públicas informaron haber recibido solicitudes de información del FBI sobre los lectores o las fichas de circulación; otras 17 dijeron haber recibido solicitudes de la policía y otras entidades. Ocho dijeron que la razón de la solicitud fue una investigación de seguridad nacional".
Los bibliotecarios y mucha gente ha protestado fuertemente contra esto. El gobierno de 253 ciudades grandes y pequeñas se ha pronunciado contra la Sección 215 de la Ley Patriota.
Bernard Margolis, presidente de la Biblioteca Pública de Boston, le dijo al Globe : "Si recibiera una solicitud de la Sección 215, pensaría seriamente informárselo al consejo de administración y divulgarlo al público". Eso sería desobedecer la Ley Patriota, que estipula: "Ninguna persona debe revelar a ninguna otra persona (fuera de las que sean necesarias para entregar los objetos tangibles según las reglas de esta sección) que el Federal Bureau of Investigación ha solicitado u obtenido objetos tangibles según las reglas de esta sección".
Poco después de entrar en vigor la Ley Patriota, las autoridades federales empezaron a cambiar las normas de cuándo iniciar investigaciones de asuntos no delictivos.
En mayo de 2002, el secretario de Justicia, John Ashcroft, cambió las normas del Departamento de Justicia y autorizó al FBI "iniciar ciertas clases de investigaciones --observar toda reunión abierta al público, inclusive servicios religiosos; visitar websites, tableros electrónicos de anuncios y chat rooms; y obtener información de servicios comerciales que examinan y catalogan información pública-- sin que haya motivo para creer que las personas observadas estén cometiendo o preparando actividades delictivas". Esto fue soltarle completamente las riendas al FBI.
Según la revista Vanity Fair,con la Ley Patriota y otras leyes "se han realizado centenares de operaciones de vigilancia e intercepción desde el 11-S; nada más en el primer año se aprobaron 113 órdenes secretas de investigación: más del doble de los 23 años previos". Vanity Fair cita a John Ashcroft en una reunión de alto nivel del Departamento de Justicia dos meses después del 11-S: "Ahora todo es distinto. El papel del Departamento de Justicia se ha alterado, y ya no es simplemente investigar crímenes sino prevenirlos antes de que ocurran".
La prensa habla mucho de que la Ley Patriota --o ciertas cláusulas centrales-- "expirará" en diciembre de 2005 y da la impresión de que buena parte de la ley, o toda, se cancelará. De hecho, solo expirarán unas pocas secciones de la ley sobre vigilancia y confiscación de registros (como fichas de biblioteca). El senador Russ Feingold (el único que votó en contra de la ley) dijo en las recientes audiencias: "La mayoría de la Ley Patriota es permanente. De sus 150 cláusulas, solo expirarán 16 a fines del 2005".
O sea que cuando en el mensaje presidencial anual de enero de este año Bush pidió la "renovación" de la Ley Patriota y dio la impresión de que estaba en peligro de expirar, estaba soltando un rollote con el fin de que la base social reaccionaria la apoyara más.
El Departamento de Justicia ya ha preparado un borrador de la "Ley Patriota II". Contiene cláusulas como la creación de un banco de datos de ADN de presuntos terroristas, permiso para interceptar las conversaciones de ciudadanos por 15 días sin orden judicial (después de ataques terroristas), la prohibición de que los acusados de terrorismo salgan de la cárcel bajo fianza y la expansión de la pena capital a los condenados de terrorismo. El gobierno también quiere quitarle la ciudadanía a cualquiera que ayude a una organización que designe como terrorista.
Bush y Ashcroft quieren ampliar la Ley Patriota a más no poder. Por su parte John Kerry ha declarado que la apoya en lo medular y votó a favor de la ley. Una declaración de campaña afirma que quiere "mejorar la Ley Patriota": quiere ampliar la comunicación de información de la policía federal y local, poner más cláusulas para impedir el lavado de dinero y conservar las cláusulas "que ayudan la guerra contra el terrorismo".
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La Ley Patriota (y leyes previas similares) es sumamente peligrosa y lamentablemente está rodeada de mucha confusión. No se captan sus implicaciones. Inclusive gente que ha denunciado que ataca las libertades civiles parte de la base de que es necesaria "por nuestra seguridad".
Esa perspectiva también acepta que la guerra contra Afganistán fue justa, que las medidas para "combatir el terrorismo" son necesarias y que el gobierno debe tomar más medidas para proteger a la ciudadanía (aunque se sacrifiquen derechos civiles). Pero esa forma de pensar se nutre de falsas ilusiones y puede llevar por muy mal camino.
Bob Avakian habló de esto claramente en una conversación con Carl Dix en 2002: "En fin, esa postura de `protéjanme a mí como sea, no importa lo que hagan con los pueblos del mundo' no dará el resultado deseado desde ningún punto de vista; o sea, es fundamentalmente inmoral y reaccionaria, y desde el punto de vista práctico tampoco funciona porque los imperialistas yanquis tienen sus propios planes y no son proteger al pueblo. Lo único que les importa es mantener la estabilidad de su dominio en Estados Unidos como base para su sistema internacional. No les importa un comino la seguridad del pueblo, pues la policía mata a cientos de personas cada año en los ghettos y barrios pobres del país. Atacan salvajemente a cualquiera que se oponga. Su proyecto no es proteger al pueblo. De plano eso no les importa y todo lo que están haciendo no dará ningún resultado en ese sentido".
Este es el contexto en que hay que ver la Ley Patriota. Es mucho más que una ley entrometida y asustadora que violenta la privacidad o la tranquilidad personal. Es una forma de neutralizar o penalizar legalmente a categorías enteras de individuos u organizaciones que la estructura de poder considera peligrosas, y de enfriar las protestas y el disentimiento, precisamente cuando se necesita mucha más oposición. Esta es una situación seria que hay que entender y rechazar con una firme resistencia.
Fuentes
Comité Judicial del Senado, Audiencia sobre ayuda a los terroristas, 5 de mayo de 2004
Christian Science Monitor, "Patriot Act Gets Boost from 9/11 Hearing", 19 de abril de 2004
Terrorism and the Constitution, David Cole & James X. Dempsey, 2002, The New Press
Enemy Aliens, David Cole, 2004, The New Press
Electronic Privacy Information Center, epic.org
"¡Cuidado! La Ley Patriota y otras medidas peligrosas", rwor.org ( OR No. 1206)
Democracia: ¿Es lo mejor que podemos lograr?, Bob Avakian, 1984.
H.R. 3162 The United and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism, website del Departamento de Hacienda
"John Ashcroft's Patriot Games", Vanity Fair,febrero 2004
"Lynne Stewart's Defense Team Is Dealt a Setback; Government Surveillance Found Properly Conducted", NY Law Journal,16 de septiembre de 2003
"Increased Use of Patriot Act in other types of criminal case by law enforcement authorities", National Public Radio, All Things Considered, 12 de enero de 2004
Against All Enemies, Richard A. Clarke, Free Press 2004
Declaración de John Kerry en respuesta al presidente, 17 de abril, JohnKerry.com
"Reading Over Your Shoulder, The Push is on to Shelve Part of the Patriot Act", Boston Globe,9 de marzo de 2004
"A United Front--Banks vendors and the government work to ensure PATRIOT ACT compliance", Bank Systems and Technology, 1§ de mayo de 2002
"The Money War; USA Patriot Act", ABA Banking Journal,agosto de 2002
"New Guidelines on ID Rules Get Warm Industry Greeting", The American Banker,13 de enero de 2004
"Bush Draws Terrorism Into Campaign", NY Times,21 de abril de 2004
"Saudi Student's Trial Open in Idaho", Washington Post,18 de abril de 2004
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El lector encontrará más información en "Nada bueno: La guerra contra las libertades civiles", OR No. 1206, y "¿Por qué los ataques al PCR? ¿Qué está en juego?", OR 1241, en rwor.org