Obrero Revolucionario #1247, 25 de julio, 2004, posted at http://rwor.org
El 22 de junio comenzó el juicio a la abogada radical Lynne Stewart en Nueva York.
A Stewart la acusaron de dar "ayuda material a actividades terroristas" por haber sido abogada del clérigo islámico Omar Abdel Rahman. A Rahman lo sentenciaron a cadena perpetua por "conspiración sediciosa" para atacar varios lugares conocidos de Nueva York a comienzos de la década pasada.
El gobierno dice que Stewart y dos hombres árabes --Mohammed Yousry (el traductor) y Ahmed Abdel Sattar (el ayudante legal)-- ayudaron a pasar mensajes de Rahman a su organización. Según esa versión, Stewart habló en inglés para distraer a los guardias y facilitar la conversación entre Yousry y Rahman en árabe. También dicen que Stewart ocultó del gobierno una rueda de prensa donde leyó en público una declaración de Rahman. Además la acusan de violar las "medidas administrativas especiales" que el Buró de Prisiones le impuso a Rahman.
El gobierno no ha escatimado esfuerzos para atacar y silenciar a Stewart, una abogada que por años ha defendido a presos políticos y otras víctimas del poder brutal de la policía y los tribunales. Al lanzar acusaciones injustas contra ella, el gobierno quiere asustar a otros abogados dispuestos a representar a gente acusada de terrorismo u otros delitos políticos.
También se trata de un ataque más al principio de confidencialidad entre abogado y cliente. La "evidencia" contra ella se basa en grabaciones secretas de conversaciones entre Stewart, como abogada, y su cliente Rahman. El gobierno calcula que tiene más de 85,000 grabaciones de llamadas telefónicas, faxes y comunicaciones por computadora de Stewart y otras personas. Las acusaciones se basan en conversaciones entre Stewart y Rahman que se remontan al año 2000, pero no la acusaron hasta dos años después, tras el 11 de septiembre y la aprobación de la Ley Patriota.
Los ataques contra Lynne Stewart también son un ejemplo de cómo el gobierno está usando las acusaciones de "ayuda material al terrorismo" contra las personas que tiene en las miras.
Otro aspecto del caso es que han mandado a periodistas que den testimonio o entreguen información a los tribunales.
La fiscalía citó a cuatro periodistas a dar testimonio en el juicio: Joseph Fried y George Packer del New York Times ; Esmat Salaheddin de la agencia noticiosa Reuters, en Egipto; y la reportera de Newsday Patricia Hurtado. Todos han escrito sobre Lynne Stewart.
Los abogados de los medios han pedido la anulación de esas citaciones. Newsday protesta porque le encargó a Hurtado un reportaje del juicio, lo que será imposible si la quieran como testigo. El abogado del corresponsal de Reuters comentó, según informa el New York Times : "Si al Sr. Salaheddin lo obligan a viajar a Nueva York para dar testimonio a favor de la fiscalía, es posible que en Egipto se le vea como sirviente del gobierno estadounidense, lo cual imposibilitará su trabajo como reportero en ese volátil país".
La citación a Joseph Fried del New York Times se debe a una entrevista que le hizo a Lynne Stewart en 1995, varios años antes de las acusaciones. Stewart habló sobre la violencia y, según el Times , le dijo a Fried: "No soy partidaria de la violencia anarquista pero sí de la violencia dirigida", y explicó que "ella apoya movimientos revolucionarios que luchan contra gobiernos que considera opresivos". Aparentemente, la fiscalía quiere usar tales declaraciones políticas como "evidencia" de las acusaciones.
El 18 de junio, la fiscalía suspendió "por ahora" la citación a la reportera de Newsday (y puede girarla de nuevo). El juez dijo que más tarde decidirá si anulará las otras citaciones o no.
El pasado diciembre, el procurador federal de Manhattan le mandó una carta a Bill Weinberg de la revista de Internet "WW3 Report" que le pedía "cooperación voluntaria" en el caso de Lynne Stewart. El gobierno quería conseguir el texto completo de una entrevista a ella que salió en la revista el 30 de junio 2002, además de su testimonio y cualquier "pasaje inédito, nota o grabación de esa entrevista...". Un mensaje en la página web de "WW3 Report" informa: "En este momento, Weinberg no coopera con la petición oficial y no quiere decir si existe material aparte del texto publicado. Le pidió a su abogado responder así en una carta a la Procuraduría".
Las leyes que exceptúan a los periodistas de dar testimonio varían de estado a estado y son distintas cuando se trata de un juicio federal. Los periodistas no están totalmente exentos y, en realidad, se les cita con mucha frecuencia. El Comité de Reporteros por una Prensa Libre informó que en 1999 se giraron 1326 citaciones a 440 organizaciones noticiosas. Mejor dicho, los reporteros tienen que estar dispuestos a dar testimonio sobre lo que escriben o a parar en la cárcel por no comparecer o no divulgar fuentes confidenciales.
Un aspecto importante de las acusaciones contra Lynne Stewart es que violó las "medidas administrativas especiales" (SAM, siglas en inglés) que le impusieron a Rahman. En realidad, lo criminal aquí son esas medidas.
Desde el 11 de septiembre, el gobierno se ha adjudicado el poder de declarar que un preso es "combatiente enemigo" y negarle todo derecho: sea hablar con un abogado, los medios de comunicación, su familia, etc. Cuando el gobierno no puede declarar que un preso es "combatiente enemigo", puede restringir fuertemente su comunicación con otras personas con esas medidas administrativas especiales. Esas medidas se iniciaron en 1997 durante el gobierno de Bill Clinton y su secretaria de Justicia, Janet Reno.
El Comité de Reporteros por una Prensa Libre dice que se permiten las SAM en dos situaciones: "una, cuando el jefe de una agencia de inteligencia federal certifica que un preso podría amenazar la seguridad nacional divulgando información clasificada si se le permite comunicarse con otras personas; y dos, cuando el secretario de Justicia, o el jefe de alguna agencia del orden público o de inteligencia, determina que la comunicación sin restricciones podría causar `muerte o graves heridas' a otras personas".
En otras palabras, los altos jefes de la fuerza pública pueden silenciar a casi cualquier preso, imponiéndole restricciones o prohibiéndole hacer llamadas, escribir a periódicos, tener visitas o hacer cualquier actividad que las autoridades consideran una "amenaza" o un "peligro".
Un preso a quien le impusieron medidas especiales es John Walker Lindh, el ciudadano estadounidense capturado en Afganistán con los talibanes. Jane Mayer, quien ha escrito sobre Lindh para la revista New Yorker , comentó sobre las SAM: "Me hacen pensar en los desaparecidos... Es como que se los tragó un hoyo negro".
El gobierno dice que castiga a Stewart por "apoyar al terrorismo". Su abogado, Michael Tigar, le dijo al juez que la están atacando "por quien es, no por lo que hizo", y la describió como "una abogada valiente y honrada". Al atacar a Stewart el gobierno quiere criminalizar la defensa de gente que está en sus miras, o por lo menos sembrar temores entre los abogados dispuestos a entablar tal defensa. No podemos permitir que el gobierno se salga con la suya; hay que defender a abogados como Lynne Stewart cuando los atacan.
Hay más información sobre la defensa de Lynne Stewart en lynnestewart.org y también en rwor.org.