Veredicto infame, precedente peligroso

La intolerable condena de Lynne Stewart

Obrero Revolucionario #1268, 20 de febrero, 2005, posted at rwor.org

"Soy símbolo de lo que condenan los que dicen que nos están quitando las libertades civiles. Este caso debe dar la alarma a todos los ciudadanos de este país y a todos los que viven aquí de que no se debe permitir que encarcelen a los abogados. No se les debe decir cómo hacer su trabajo. Hay que dejarlos hacer su trabajo en paz. Seguiré luchando. Sé que no cometí ningún delito y que hice lo debido".

Abogada Lynne Stewart, tras su condena el 10 de febrero

En abril de 2002 el secretario de Justicia, John Ashcroft, anunció personalmente que acusaron a Lynne Stewart, abogada radical de derechos civiles, de varios delitos graves de "conspirar, dar ayuda material a actividades terroristas y defraudar al gobierno".

Tres años después, el 10 de febrero, el nuevo secretario de Justicia, Alberto Gonzales, alabó la condena de Stewart.

El papel de Ashcroft y Gonzales en este caso demuestra lo mucho que está en juego. La condena de Stewart no augura nada bueno para los abogados defensores, los que se oponen al gobierno ni la población en general.

El gobierno atacó a Stewart por su fuerte defensa de Omar Abdel Rahman, un clérigo fundamentalista musulmán condenado y sentenciado a cadena perpetua en 1996 por "conspiración sediciosa" para atacar varios lugares conocidos de Nueva York. Pero, como dijo el Gremio Nacional de Abogados tras el veredicto, este caso es "un ataque contra una querida colega y contra todos los miembros del Gremio y, lo que es más, es un ataque contra todos los abogados que defienden a clientes y causas poco populares".

El abogado defensor Ron Kuby dijo: "Son días funestos para las libertades civiles en este país y para los abogados que las defienden. Tras el 11 de septiembre, tratan a los disidentes como traidores, así que no se debe sorprender que metan presa a una abogada que defiende con pasión los derechos civiles".

Carl Dix, vocero nacional del Partido Comunista Revolucionario, dijo: "En realidad el delito de Lynne Stewart es defender fuertemente a un cliente que estaba en las miras de la guerra del gobierno ‘contra el terrorismo’. Su condena muestra la detestable realidad que quieren crear los que detentan el poder, donde se criminalizan todas las formas de oposición. Sienta un precedente judicial peligroso y demanda resistencia".

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El juicio de Stewart duró siete meses y el jurado deliberó 12 días. También condenaron de todas las acusaciones a Mohammed Yousry (traductor de Rahman) y Ahmed Abdel Sattar (ayudante legal). Podrían sentenciar a Stewart, que tiene 65 años, a 45 años de cárcel.

El gobierno acusó a Stewart de publicar una declaración de prensa contra un alto el fuego entre el grupo de Rahman, el Grupo Islámico, y el gobierno egipcio, y de ayudar a Rahman a comunicarse con el grupo. Dijo que eso violó las "medidas administrativas especiales" (SAM, siglas en inglés) que le impusieron a Rahman. Esas medidas restringen fuertemente las comunicaciones de ciertos presos federales.

El New York Times escribió: "El gobierno no demostró que las acciones de Stewart llevaron a la violencia. El Grupo Islámico no canceló el alto el fuego. A los acusados no los acusaron de cometer actos terroristas en Estados Unidos". El juez le dijo al jurado que ni Osama bin Laden ni Al Qaeda figuraban en el caso, pero la fiscalía tomó varias medidas (como presentar videos de bin Laden) para calificar de "terrorista" a Stewart.

Stewart dijo: "Si mencionan a Osama bin Laden no tienen que dar ninguna prueba. Pueden decirle al jurado que no tiene que ver con el caso, pero han creado un ambiente en que es sumamente difícil hacernos oír".

Tras el 11 de septiembre de 2001, la administración de George Bush inició una ofensiva fascista contra los derechos. Ha socavado ciertos principios judiciales básicos, como la confidencialidad entre abogado y cliente. El juicio de Lynne Stewart es parte de esta ofensiva.

Las "pruebas" que presentó la fiscalía fueron principalmente grabaciones secretas de conversaciones de Sattar (por teléfono, internet, correo electrónico y fax). Después de espiar a Sattar, el gobierno grabó las conversaciones entre Stewart y Rahman.

Las acciones del gobierno tienen un aspecto orwelliano. Acusó a Stewart de distraer a los guardias y permitir que Rahman hablara con los otros. ¿Y cómo lo sabe? Porque filmó las reuniones de Stewart y Rahman.

En un artículo del website Counterpunch, Jennifer Van Bergen, especialista en derecho, escribió: "Lo que le dijo a su cliente iba dirigido a él, y el que violó los derechos en este caso es el Departamento de Justicia. Violó un principio tan sagrado que hasta hablar de él le resta importancia: la confidencialidad entre abogado y cliente. El Departamento de Justicia grabó sus conversaciones con su cliente, las arrancó de su contexto y las convirtió en algo monstruoso. ¿Pero han acusado al gobierno por eso? No".

En respuesta a la acusación de violar las "medidas administrativas especiales", Stewart dijo que lo primordial era su obligación como abogada defensora.

Al día siguiente de la condena, le dijo al programa radial Democracy Now: "Pensamos un tiempo antes de publicar la declaración de prensa [sobre el punto de vista de Rahman del alto el fuego], y decidimos que para él y para su defensa era importante publicarla y a atraer atención mundial. Si hubiéramos perdido esa atención no hubiéramos tenido fuerza en las negociaciones con el gobierno. No hubiéramos podido hacer nada para sacarlo de la situación imposible en que lo tenían: un hombre ciego y enfermo que no sabía inglés. Dicen que si un abogado viola esas medidas administrativas pueden cortarle el contacto con el cliente. Eso nos preocupaba mucho. Nunca pensábamos que nos iban a acusar. Pero de todos modos fue una decisión correcta. No se puede decir que haré esto pero no lo otro. Todo lo que uno hace tiene que cuadrar con las reglas éticas, y con una defensa vigorosa y apasionada del cliente. Y hay que hacerlo incondicionalmente".

En el mismo programa, el abogado defensor de Stewart, Michael Tigar, habló de las consecuencias de restringir las comunicaciones de los presos: "La única manera de llegar al fondo de lo que sucede en los campos de concentración estadounidenses en Guantánamo y Abu Ghraib es si permiten a los abogados de esos presos contar lo que les ha pasado. Si el gobierno puede impedirlo, y ha intentado hacerlo una y otra vez, esas actividades continuarán en la clandestinidad, con la bendición de los más altos funcionarios del gobierno de un país que por primera vez en su historia ha dado una posición de gabinete a un tipo [Alberto Gonzales] que dice que los Convenios de Ginebra son obsoletos.".

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Debido a la condena, a Stewart le prohibieron ejercer la abogacía. Le dijo a Democracy Now: "Para mí esa es la peor pérdida, que no podré ejercer la carrera que tanto quiero y a la creo que he contribuido. He dado voz a los que no tienen voz".

La condena de Lynne Stewart está sacudiendo a la comunidad judicial. El abogado Jed Stone comentó: "Este veredicto es un ataque escalofriante contra todos los abogados defensores. El gobierno nos ha dicho: ‘No defiendan a los presuntos terroristas. Si lo hacen, pagarán un precio muy alto’. No importa la opinión que uno tiene de la persona o de las acusaciones, merecen una defensa como todos los demás, quizás más. Pero el gobierno no quiere que tengan abogados".

Ante este ataque, algunos han claudicado y hasta han acusado a Stewart de "pasarse de la raya", pero otros la apoyan y condenan las acciones del gobierno.

El abogado Stanley Cohen dijo: "No hay un solo abogado político en este país que no crea que el gobierno tiene un plan para atacar y silenciar a los abogados que hacen lo que hacemos. Esta condena nos dará más firmeza".

En una declaración del 10 de febrero, el presidente del Gremio Nacional de Abogados, Michael Avery, dijo: "Desde el comienzo el Departamento de Justicia ha estado resuelto a convertir a Lynne Stewart en símbolo de la campaña para negarle representación a los acusados. El gobierno está empeñado en intimidar a los abogados y en impedir que representen a clientes poco populares. El Gremio Nacional de Abogados urge a sus miembros y a otros abogados defensores a seguir representando con orgullo a los clientes que critican al gobierno. No permitiremos que nos intimiden. Esta condena solo ha fortalecido nuestra resistencia a los ataques represivos contra las libertades civiles de todos. Y seguiremos defendiendo a Lynne Stewart".

El Gremio ha convocado a un Día Nacional de Indignación el 17 de febrero.


Fuentes de información en la internet:

lynnestewart.org/ (últimas noticias del caso)

nlg.org/ (Gremio Nacional de Abogados)

rwor.org (información sobre el caso y Lynne Stewart)