Obrero Revolucionario #912, 22 de junio, 1997
"¡Ya era hora!", Stuart Hanlon les dijo a los corresponsales. "¡Ya era pinche hora!" "¿Cómo se puede decir que este caso prueba que el sistema judicial funciona cuando tardó tanto tiempo en poner en libertad a un hombre inocente?"
Hanlon ha sido el abogado de Geronimo ji Jaga Pratt, sin cobrar, desde hace 24 años, cuando lo condenaron de robo y homicidio en una farsa de juicio. Johnnie Cochran lo representó en el juicio de 1972 y ha sido uno de sus abogados desde ese entonces en la larga batalla para conseguir un nuevo juicio. Le dijo a la prensa: "Ha sido el día más emocionante de mis años de abogado".
Otros abogados defensores señalaron lo inusual que es que un juez anule una condena en un caso que ha pasado por tantas apelaciones durante tanto tiempo. "Decían que era asesino, pero sabían que no lo era", un abogado le dijo al San Jose Mercury News. "Lo que asusta es que lograron tenerlo preso 27 años".
Hanlon informó que cuando Geronimo se enteró de la decisión "respondió con júbilo. No quería oír nada más la decisión; quería que le leyéramos todas las palabras, toditas".
El juez Everett W. Dickey dictaminó que en el juicio de 1972 la fiscalía no le entregó a la defensa información esencial y que por eso Geronimo no tuvo un juicio imparcial.
Citando otros casos parecidos, Dickey dijo que "incluso sin una petición del acusado, si la fiscalía suprime--a propósito o por negligencia--pruebas sustanciales que favorecen al acusado, eso le niega su derecho a un juicio imparcial y requiere que se anule la condena.... Además, estos casos ponen en claro que la fiscalía tiene el deber de entregar a la defensa pruebas sustanciales que favorecen al acusado, no solo si tienen que ver con su culpabilidad sino también con la credibilidad de un testigo cuyo testimonio puede ser decisivo para determinar su culpabilidad o inocencia".
Gran parte del dictamen del juez Dickey tiene que ver con el hecho de que el principal testigo de la fiscalía era informante de la policía y el FBI, y que la fiscalía no le informó eso a la defensa, a pesar de que la ley lo dicta.
El juez dijo que las pruebas "ponen en claro que, durante un lapso de tres años antes del juicio, el testigo de la fiscalía Julius C. Butler... había dado información confidencial sobre el Partido Pantera Negra y sobre individuos asociados con él a varias dependencias policiales". Las dependencias que nombró Dickey son el DPLA, el FBI y la fiscalía de Los Angeles. Dickey dijo que de acuerdo a los archivos de la misma fiscalía, Butler era informante. A un investigador de la fiscalía le dijeron que antes de hablar con Butler había que pedirle permiso a George Akin (un agente del FBI) porque Butler "es de George". Después de recibir el permiso del FBI, a Butler lo consideraron informante de la fiscalía. Un detective de la fiscalía le dio $200 para comprar una pistola (que no podía comprar legalmente porque había sido condenado de un delito grave en 1969).
La fiscalía tampoco le entregó a la defensa información de la trampa que tendieron el FBI y el DPLA contra Geronimo. El juez descubrió que la fiscalía sabía que Butler le dio una carta al sargento Rice del DPLA que decía que Geronimo mató a Caroline Olsen, y que dos agentes del FBI le pidieron a Rice que la entregara como "prueba".
Explicó que esta información "divulgada debida y oportunamente a un abogado defensor competente le hubiera permitido hacerle preguntas potencialmente devastadoras o presentar pruebas comprometedoras sobre Butler desde muchos puntos de vista".
Además, Dickey dijo que Butler mintió en el juicio de 1972 cuando dijo bajo juramento "Nunca he sido informante", y que el sargento Rice "le dio al jurado una impresión cabalmente errónea del alcance de las actividades de Butler, que el fiscal no hizo nada para corregir".
Para refutar que la defensa no hizo todo lo posible para desenterrar esta información, Dickey dijo: "Es poco probable que los abogados defensores de un conocido Pantera Negra en 1972 hubieran podido obtener esa información sobre un testigo de la fiscalía pidiéndola de las dependencias policiales, especialmente en vista de su esfuerzo por proteger la confidencialidad de su informante (como la falsificación de un informe de un agente del DPLA con el permiso del Comisionado Interino...)".
El dictamen del juez Dickey dice que el juicio de Geronimo no fue imparcial, pero no dice nada sobre su inocencia. Por ejemplo, no comentó sobre las pruebas de que a la hora del robo y homicidio de Caroline Olsen, Geronimo estaba a 600 kilómetros. Pero de todos modos, Dickey invalidó muchos argumentos de la fiscalía.
Dijo que a Geronimo no lo consideraron sospechoso los primeros dos años después de la muerte de Olsen; esto solo cambió con el testimonio de Butler. Dijo que es muy significativo que Butler era el único que dijo que Geronimo confesó, y que se sabe que una "confesión" tiene mucha influencia en un jurado.
También dijo que el testimonio de otros testigos oculares (como el del esposo de Caroline Olsen y de una testigo que dijo que vio a Geronimo "en circunstancias amenazadoras" en su tienda antes del homicidio) no es confiable. Señaló que "la falta de credibilidad de una identificación de una persona desconocida de otra raza después de una breve observación en una situación de tensión se ha determinado tan claramente en los años desde el juicio del solicitante que ahora los jueces casi siempre dan instrucciones especiales al respecto si la fiscalía presenta testimonio de testigos oculares y si la defensa las pide".
Es decir, es tan común que los blancos se equivoquen al idenificar a negros que los jueces tienen que reconocerlo.
Un aspecto muy importante de la declaración del juez es que la defensa no tiene que probar que la información negada sobre Butler hubiera absuelto a Geronimo, sino solo que "el impacto acumulativo de las pruebas que la fiscalía debió haber entregado hubiera puesto el caso a otra luz y minado la confianza en el veredicto".
Dijo que Geronimo "cumplió con demostrar que las pruebas sobre las actividades de Julius Butler no divulgadas a la defensa hubieran puesto el caso a otra luz, y el hecho de que la fiscalía no las divulgó socava la confianza en el veredicto. Como la fiscalía no divulgó esa información, le negó al solicitante el derecho a un juicio imparcial garantizado por la Constitución de los Estados Unidos, perjudicando la capacidad de la defensa de impugnar la credibilidad de un testigo clave de la fiscalía". Concluyó que "se ha socavado la confianza en el veredicto y el solicitante tiene el derecho a la protección de las leyes de habeas corpus que ha pedido". Anuló la sentencia de cadena perpetua y ordenó trasladar a Geronimo del penal estatal.
La decisión confirmó lo que muchos ya sabían: que el DPLA, el FBI y la fiscalía trabajaron de la mano para condenar falsamente a este compañero revolucionario y le robaron 25 años de su vida.
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