Justicia negada
Análisis de la decisión de la Suprema Corte de Pensilvania contra Mumia Abu-Mala
C. Clark Kissinger
Obrero Revolucionario #982, 15 de noviembre, 1998
La Suprema Corte de Pensilvania rechazó la petición de un nuevo juicio de Mumia Abu-Jamal, activista político de larga trayectoria, negro, escritor, padre y revolucionario. Hace 16 años, lo condenaron injustamente del homicidio de un policía y desde entonces ha esgrimido la pluma como arma en defensa del pueblo... desde el pabellón de los condenados a muerte. Su caso ha suscitado una monumental lucha jurídica, política y moral que concentra las cuestiones más candentes de nuestro tiempo.
En los últimos años su equipo de defensa ha demostrado sin lugar a dudas que lo condenaron y sentenciaron injustamente en una farsa de juicio en 1982. Sin embargo, el 30 de octubre--en vísperas del Día de los Muertos--la Suprema Corte estatal rechazó unánimemente su petición de un nuevo juicio, es decir, tomó una decisión que cambia el rumbo y acelera el ritmo del proceso de apelaciones de una forma muy peligrosa.
La farsa de juicio de 1982, al igual que las audiencias posteriores donde pidió un nuevo juicio, han sido minuciosamente analizadas y rotundamente criticadas, más que ningún otro proceso de la historia contemporánea. Cabe señalar que las cortes federales han anulado un 35% de las condenas a muerte debido a crasos errores de las cortes estatales y que en general ha sido por cuestiones de menos peso que las del caso de Mumia.
Sin embargo, en este caso la Suprema Corte de Pensilvania rechazó el testimonio de todos y cada uno de los testigos de la defensa, sobre todo los que dijeron que otro individuo le disparó al agente o que vieron a un hombre salir corriendo del lugar de los hechos. Aceptó el testimonio de todos y cada uno de los testigos de la fiscalía y de la policía, incluso los que cambiaron su testimonio para inculpar a Mumia o recibieron favores de la policía. No consideró problemático el hecho de que la fiscalía usó la facultad de recusación sin causa para rechazar a diez jurados negros, aunque la Suprema Corte federal ha prohibido tal práctica. Dijo que el juez Sabo no tenía prejuicio alguno contra la defensa y que todas sus decisiones de excluir pruebas favorables a Mumia fueron correctas. No encontró ninguna deficiencia en la defensa que Mumia recibió en su "juicio" de 1982; asimismo, avaló la decisión de prohibir que él siguiera representándose a sí mismo y de sacarlo del juzgado la mayor parte del juicio. Aceptó sin reservas que su militancia en el Partido Pantera Negra se presentara como argumento para pedir la pena de muerte, a pesar de que la Suprema Corte federal prohibió presentar un argumento parecido en el caso de un preso blanco que fue miembro de una pandilla racista. Para colmo, dijo que estaba bien excluir de las audiencias más de 600 páginas del FBI con el ridículo pretexto de que ¡no se comprobó que sean auténticas! En resumen, la Suprema Corte de Pensilvania decidió unánimemente que no había ningún defecto en todo el proceso chueco contra Mumia y rechazó todos y cada uno de los argumentos de la apelación. No se trata de una decisión jurídica imparcial sino de una decisión política desde los niveles más altos del gobierno de seguir adelante con el plan de ejecutar a Mumia Abu-Jamal.
La nueva "Ley sobre la pena de muerte efectiva" dice que las cortes federales tienen que aceptar las conclusiones de las cortes estatales en cuanto a los hechos; como consecuencia, cortes estatales como la de Pensilvania pueden tergiversar el proceso, es decir, pueden asegurar que los hecos no serán cuestionados.
Para examinar esto más a fondo, veamos los argumentos con que la Suprema Corte estatal rechazó la apelación de Mumia.
El juez Sabo
A lo largo de muchos años el juez Albert Sabo se ganó fama de mordaz magistrado pro policía. Ha recibido dos distinciones exclusivas: tiene a su haber la mayor cantidad de sentencias a muerte del país y recibió una fuerte crítica de un grupo de ex fiscales de Filadelfia. Sabo presidió el "juicio" de 1982, así como las audiencias de 1995 a 1997 donde se pidió un nuevo juicio. A Mumia y sus defensores les dio un trato arrogante, grosero y francamente parcial.
La Suprema Corte estatal encontró que "indudablemente hubo ocasiones cuando el juez mostró impaciencia o molestia", pero concluyó que fueron consecuencia de la conducta de los abogados de defensa. (Hay que recordar que no fue simplemente cuestión de molestia; multó al licenciado Leonard Weinglass por desacato y ¡ordenó esposar a la licenciada Rachel Wolkenstein y sacarla del juzgado!) La Suprema Corte respondió de la siguiente manera a las fuertes críticas a la conducta descarada de Sabo por los periódicos más importantes de Filadelfia: "A pesar de las opiniones de un puñado de periodistas, no estamos convencidos de que el juez Sabo cometiera error alguno al rechazar la moción de recusación [excusarse del juicio]. Además, nuestra revisión minuciosa del proceso indica que ninguno de los cuestionamientos a las acciones del juez Sabo demostró que no pudiera ser imparcial".
En cuanto a la afirmación de que el juez siempre fallaba a favor de la fiscalía, la Suprema Corte estatal dice: "No podemos sacar la conclusión de que ninguno de los fallos fue incorrecto" y "El juez Sabo no demostró tal posición antagónica hacia el apelante [Mumia]".
Se niega el debido proceso
Se supone que en un proceso de apelación la corte debe mandar a la fiscalía a presentar las pruebas favorables al acusado que tenga. Eso se llama la "proposición de prueba". El equipo de defensa de Mumia ha desenterrado muchas pruebas en los últimos años, y ha dejado en claro que la policía y la fiscalía ocultaron evidencias y presionaron a testigos. Para aclarar esa situación, pidió que Sabo les ordenara a la fiscalía y la policía abrir sus archivos, pero él se negó.
Ahora la Suprema Corte estatal dice que Mumia no tenía el derecho a la proposición de prueba en su audiencia para un nuevo juicio y, para colmo, agrega: "El apelante gozó ampliamente de la proposición de prueba en el juicio de 1981 a 1982". Mejor dicho, las únicas pruebas contra la policía serán las que pidió el abogado incompetente nombrado por la corte hace 16 años, antes de que los nuevos testigos ofrecieron su testimonio.
El agente Wakshul y la patraña de la confesión
Dos meses después del arresto de Mumia (y después de que entabló una queja por brutalidad policial), fabricaron una "confesión pública" del homicidio del agente Faulkner. Pero tenían un problema muy grande: el agente Wakshul escribió en su informe la noche que balearon, golpearon y arrestaron a Mumia que "el hombre negro no hizo ninguna declaración".
Cuando el abogado de Mumia trató de llamar al policía a testificar en el juicio de 1982, le dijeron que estaba "de vacaciones" (en realidad estaba en casa). Sabo no permitió aplazar el juicio hasta que regresara.
En 1995, Wakshul finalmente tuvo que comparecer y como era de esperarse se sumó a la patraña y testificó que había presenciado la "confesión" de Mumia. Entonces, ¿por qué escribió lo contrario en su informe? El agente dijo que se le había pasado informar de la confesión porque estaba angustiado; el juez Sabo concluyó que era una explicación razonable y en su fallo la Suprema Corte estatal dice: "Estamos de acuerdo con la conclusión de la corte PCRA (Apelación de Remedio Post-Condena) de que no existen pruebas razonables de que Wakshul fabricara la confesión".
Ocultar pruebas y presionar a testigos
En las audiencias PCRA de 1995, 1996 y 1997, la defensa demostró que en el "juicio" de 1982 los testigos cambiaron sus declaraciones para inculpar a Mumia, y que la policía ocultó pruebas y testigos. Sin embargo, la Suprema Corte estatal concluyó que las autoridades no suprimieron pruebas ni hicieron componendas. Por ejemplo, dijo que la fiscalía no anuló la suspensión de licencia de uno de sus testigos, Robert Chobert. Claro, ¡pero le permitieron manejar su taxi sin licencia!
Respecto a Cynthia White y Veronica Jones, la corte dijo que "no existe evidencia de tales `arreglos' o `componendas'". Para llegar a esa conclusión, la corte tuvo que descartar el hecho de que Cynthia White salió en libertad sin pagar fianza a petición del Departamento de Policía de Filadelfia, a pesar de estar acusada de un delito grave. Tampoco le dio importancia al hecho de que aunque las autoridades amenazaron con quitarle sus hijos a Veronica Jones, no lo hicieron porque cambió su testimonio y negó haber visto a dos hombres salir corriendo del lugar de los hechos. ¿A poco esos no son arreglos o componendas?
En un principio Veronica Jones dijo la verdad: vio a dos hombres salir corriendo del lugar de los hechos. Sin embargo, cambió su testimonio debido a coacción policial. En 1996, admitió haber dado testimonio falso en el juicio de 1982. La Suprema Corte estatal inventó un pretexto para no aceptar el nuevo testimonio: no es confiable porque Jones había dado testimonio falso, es decir, admitió que mintió en el juicio de 1982. En realidad, reiteró lo que dijo a la policía en un principio, lo cual es muy confiable, pues los apuntes de los agentes de 1981 lo comprueban.
Dessie Hightower es el único testigo a quien le hicieron una prueba de polígrafo, seguramente porque contradijo la versión oficial. En 1981 le informaron que pasó la prueba, pero ni siquiera le informaron a la defensa de ella. En la audiencia de PCRA, la fiscalía dijo que Hightower no pasó; sin embargo, con el aval del juez Sabo, ¡se negó a proporcionar los resultados a la defensa! La Suprema Corte estatal descartó el asunto: "No podemos discrepar con la decisión de la corte PCRA". [La corte PCRA se refiere a la audiencia ante el juez Sabo donde Mumia pidió un nuevo juicio al amparo de la Apelación de Remedio Post-Condena.]
En la audiencia PCRA, el testigo William Singletary dijo que la policía destruyó dos declaraciones que hizo acerca de lo que vio y no lo soltaron hasta que firmó una declaración que le dictaron. Asimismo, dijo que dos agentes llegaron a su gasolinera para amenazarlo. Como era de esperarse, la Suprema Corte estatal estuvo de acuerdo con la conclusión del juez Sabo de que Singletary no era confiable.
Por otra parte, la corte no consideró problemático que la fiscalía ocultara el hecho de que el agente asesinado tenía en el bolsillo una solicitud de Arnold Howard para obtener un duplicado de la licencia de manejar. Howard le prestó la solicitud [que se puede mostrar en vez de la licencia] a un tal Kenneth Freeman, un compañero del hermano de Mumia; el agente Faulkner detuvo al hermano de Mumia por una infracción de tránsito. En 1995, Howard dio testimonio sobre su interrogatorio el día del incidente. La Suprema Corte estatal avaló la conclusión del juez Sabo de que Howard no es un testigo confiable y no dio importancia al hecho de que la fiscalía ocultó la prueba y el interrogatorio durante 13 años.
Es de sumo interés el tratamiento que se dio a William Harmon, un preso que contactó a la defensa y dijo que presenció el incidente. En la audiencia PCRA de 1995, dio una versión totalmente distinta a los demás testigos: habló de dos sujetos que dispararon. Desde luego, el juez Sabo dijo que su testimonio era "totalmente increíble". Lo interesante es que Harmon no fue testigo de la defensa. La defensa lo entrevistó y resolvió que no era confiable, y por eso no lo llamó a dar testimonio. Sin embargo, el juez Sabo lo mandó comparecer a pesar de las protestas de la defensa. Harmon fue un sujeto que Sabo usó para minar la credibilidad de los testigos de la defensa.
La testigo Sharon Smith dijo que los agentes golpearon a Mumia y gritaron: "¡Vamos a matar a este negro hijo de puta!". Una vez más, la Suprema Corte estatal avaló la conclusión de Sabo: Smith no era confiable. Asimismo, concluyó que Pamela Jenkins, una testigo que informó de coacción policial, tampoco era confiable y descartó las amenazas contra William Cook, el hermano de Mumia; fue por dichas amenazas que él no testificó en 1995. Se ha destacado el hecho de que Cook no testificó en 1982; sin embargo, en ese entonces estaba dispuesto a declarar pero la fiscalía no quiso que compareciera.
[El artículo "Informe de KGO-TV: Periodismo irresponsable" de C. Clark Kissinger y Leonard Weinglass, OR No. 963, contiene más información sobre los testigos.]
Los archivos del FBI
Una de las pruebas más importantes que encontraron los abogados de Mumia son las 600 páginas del archivo del FBI que documentan la vigilancia a Mumia durante muchos años, además de la relación estrecha entre el FBI y el Departamento de Policía de Filadelfia. La fiscalía ocultó esos documentos en el "juicio" de 1982 y el juez Sabo tampoco permitió que se aceptaran como prueba en la audiencia para un nuevo juicio.
La defensa obtuvo el archivo de Mumia (con muchos tachones) al amparo de la Ley de Libertad de Información. La decisión de la Suprema Corte estatal respecto a dicho archivo es tan burda que la vamos a reproducir textualmente: "La corte [Sabo] actuó con la debida prudencia y su fallo en cuanto a las pruebas fue correcto. Puesto que no se comprobó que el archivo fue en realidad del FBI, no había fundamento para aceptarlo como prueba".
El derecho a la defensa
En 1982, el abogado de Mumia le dijo a la corte que no estaba en condiciones de defenderlo y que carecía de fondos para contratar expertos; sin embargo, la Suprema Corte estatal concluyó que no existió problema alguno respecto al derecho a la defensa. Asimismo, avaló la decisión de Sabo de que Mumia no siguiera representándose a sí mismo dizque porque causó disturbios, pero en realidad Mumia solo causó disturbios (¡con razón!) cuando le negaron el derecho a defenderse y pusieron su defensa en manos del abogado nombrado por la corte.
Es espantoso cómo la corte recalca el carácter de clase de la justicia: "Si bien el acusado goza de la garantía constitucional del derecho a la defensa, debe quedar claro que tiene el derecho a elegir un abogado siempre y cuando pague los gastos [subrayado en el original]". Mejor dicho, solo los que tengan dinero podrán elegir el abogado de su gusto.
Asimismo, la corte dio su visto bueno a reuniones a puerta cerrada del fiscal, Sabo y el abogado de defensa nombrado por la corte sin que Mumia estuviera presente.
Otras cuestiones jurídicas
Los abogados de Mumia cuestionaron varios comentarios indebidos del fiscal que tuvieron un impacto negativo en el jurado, pero la corte dijo que "no rebasaban los límites de la oratoria". Dijo que estuvo bien exhortar a condenar a Mumia no por la evidencia sino "por cuestiones generales tales como la defensa de la sociedad o el orden civil". Además, avaló la práctica del fiscal de garantizarle al jurado la credibilidad de los testigos (se supone que el jurado debe determinarlo por su cuenta).
Por otra parte, avaló el uso de recusación sin causa para eliminar a jurados negros, que se despidiera al único jurado que Mumia escogió, y las instrucciones confusas al jurado en el formulario para dar el veredicto.
Dawson vs. Delaware
En 1992, la Suprema Corte federal sentó un precedente al fallar que no se puede usar como argumento para imponer la pena de muerte el hecho de que el acusado se ha valido de las garantías constitucionales de libertad de expresión y asociación. Los fiscales le dijeron al jurado que el acusado Dawson fue miembro de Aryan Brotherhood, una pandilla racista, en la cárcel. La Suprema Corte, en un fallo redactado por su presidente, defendió enérgicamente el derecho de Dawson de ser miembro de una organización racista y que eso no debía perjudicarlo.
Lo que la Suprema Corte de Pensilvania quiere ocultar es que la corte de Delaware se basó en el caso de Mumia para defender el uso de asociaciones políticas como argumento para imponer la pena de muerte. Es decir, la Suprema Corte federal rechazó dicha práctica, que venía precisamente del caso de Mumia.
Para zafarse de esta tremenda contradicción, la Suprema Corte de Pensilvania dice que la militancia de Mumia con el Partido Pantera Negra diez años antes era pertinente porque influyó en su personalidad en el momento de cometer el presunto delito.
La corte afirma que la entrevista a Mumia que se leyó al jurado contiene pasajes donde Mumia aboga por la violencia contra la policía. ¡Puras mentiras! En realidad, Mumia describe la violencia de la policía contra el Partido Pantera Negra.
La pena de muerte en Pensilvania
En los últimos meses se ha publicado un estudio de mucho peso sobre la pena de muerte en Pensilvania, el cual demuestra que la discriminación contra la gente de color en Pensilvania es más grave que en la mayoría de los estados del sur. Se entregó dicho estudio en su totalidad a la corte.
La respuesta de la corte fue: "El apelante afirma que ha ofrecido numerosas pruebas de que los acusados en el condado de Filadelfia tienen una mayor probabilidad de ser condenados a muerte y que el 60% de los condenados a muerte de Pensilvania son afroamericanos; afirma que se le negaron la oportunidad de presentar dicha evidencia y de demostrar dichas disparidades raciales y geográficas. Sin embargo, al examinar los documentos, vemos que el apelante jamás ofreció pruebas satisfactorias de tales afirmaciones".
La Suprema Corte de Pensilvania
A diferencia de algunas cortes estatales, la Suprema Corte de Pensilvania no consta de jueces nombrados de por vida, una situación que cuando menos da una apariencia de no ser susceptible a influencias políticas. En cambio, los magistrados se postulan periódicamente, y solicitan apoyo y contribuciones financieras para sus campañas.
Uno que tiene muy mala fama es Ronald Castille; cuando fue fiscal de Filadelfia, se opuso a varias apelaciones de Mumia. Por otra parte, figura en un video de capacitación de fiscales que salió a la luz hace poco; enseña cómo eliminar a jurados negros sin dar la apariencia de que sea por su raza.
En 1986, la rama No. 6 de la Orden Fraternal de Policía (OFP) lo nombró su "Hombre del año" y endosó su campaña de magistrado de la Suprema Corte estatal. La OFP ha dirigido la campaña pública a favor de la ejecución de Mumia; así que es lógico que la defensa le pidiera que se excusara de este caso.
Pero el magistrado Castille se negó: "Antes que nada, noto que la misma OFP que me endosó en las campañas electorales también endosó al presidente de la corte John P. Flaherty, al magistrado Ralph Cappy [quien redactó el fallo de la corte], al magistrado Russell M. Nigro y a la magistrada Sandra Schultz Newman. Si vamos a decir que el apoyo de la OFP implica que uno debe excusarse del caso, casi todos los magistrados tendríamos que excusarnos de esta apelación".
¡Andele! El hecho de que cinco de los siete magistrados son candidatos de la OFP permite entender por qué la corte no encontró ningún error en el proceso chueco de 17 años contra Mumia Abu-Jamal.
¿Qué significa para nosotros?
La estructura de poder acepta por consenso un programa político de criminalización de los jóvenes negros; de encarcelamiento para "resolver" los problemas de pobreza y desorden social; y de represión policial de la oposición radical y revolucionaria. Los que se oponen a ese programa se están sumando a la lucha por Mumia, precisamente debido a su resistencia implacable a tal programa.
Hace unos meses escribí: "Quisiera recalcar que hemos abordado el aspecto judicial de nuestra lucha; es una esfera crucial, pero es su esfera y ellos establecen las reglas. El pueblo luchará en esa esfera, pero también lucharemos en la esfera más amplia donde nosotros ponemos algunas reglas. No debemos subestimar la importancia del fallo de la Suprema Corte de Pensilvania; no vayamos a pensar: `No tiene tanta importancia, habrá un aplazamiento de la sentencia y más apelaciones'. Al contrario, un fallo contra Mumia implicará una decisión política de seguir adelante con su ejecución; acelerará todo y lo meterá de inmediato a la máquina de ejecución.... [Si eso pasa], debemos estar preparados a redoblar la lucha".
Hoy, ese análisis es más vigente que nunca. Durante el año pasado, nuestro movimiento ha crecido con el Tribunal Popular, grandes manifestaciones, el Verano de Libertad en Filadelfia, el desplegado de una página en el New York Times, conciertos y centenares de programas. En la batalla para salvar a Mumia se está forjando una nueva alianza de la comunidad negra, la juventud, gente prominente e importantes organizaciones religiosas, de inmigrantes, contra la pena de muerte, de derechos civiles y de la comunidad de jurisprudencia. Cada vez más la voz de Mumia está presente en las comunidades de los oprimidos, de los que no tienen "nada que perder". Sin embargo, es importante señalar que todavía no tenemos la fuerza para impedir el vil plan del gobierno de ejecutar a Mumia, es decir, no siente que sea demasiado arriesgado seguir adelante con su plan.
Nos toca examinar a fondo lo que implica "redoblar la lucha"; implica que se debata el caso de Mumia en los programas de TV y radio, en los periódicos, en programas culturales y en las artes, en las universidades, en reuniones religiosas y de sindicatos; que todo el mundo conozca su caso y millones de personas estén al tanto del debate y lucha por él. Implica que políticos, importantes organizaciones sociales y religiosas, personajes prominentes se sientan obligados a adoptar una posición al respecto. Hoy día, la postura respecto al caso de Mumia Abu-Jamal es una piedra de toque de la justicia social. Es imprescindible que se cree tal situación.
Además, hay que desencadenar una tormenta de protesta. Debemos aprender de los políticos y artistas prominentes arrestados en la puerta de la embajada de Sudáfrica; de los religiosos que violaron la ley y albergaron a refugiados de Centroamérica; de los padres de víctimas del asesinato policial que llevan su lucha a la puerta de las delegaciones; de los estudiantes que se tomaron edificios universitarios, concientizaron y rompieron la rutina durante la guerra del Golfo; y del pueblo de Los Angeles que repudió el veredicto que dejó libre a los chotas que golpearon a Rodney King.
Todo eso es lo que necesitamos para elevar nuestro movimiento a la altura de las circunstancias, para plasmar la diversidad y determinación que se requieren. Nos toca a nosotros conseguir justicia. ¡Ahora!
5 de noviembre de 1998, con permiso del autor.
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