Los crímenes de la policía de Los Angeles
Obrero Revolucionario #1031, 21 de noviembre, 1999
Javier Francisco Ovando, de 19 años, iba caminando por el pasillo de un edificio de Pico-Union cuando lo detuvieron los agentes Rafael Pérez y Nino Durden. Lo mandaron arrodillarse, lo esposaron y lo balearon en la cara. Luego le quitaron las esposas y le colocaron un arma de fuego. Ovando sobrevivió el ataque, pero quedó paralítico y jamás podrá abandonar la silla de ruedas. Fue sentenciado a 23 años de prisión porque los policías dijeron que fue en "defensa propia".
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A una señora salvadoreña que vende fruta en la calle la detienen. En el trayecto a la delegación le roban $300, todos sus ahorros, y le ponen encima cocaína. La Migra le quita la tarjeta verde.
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Unos policías le preguntan a un señor de 36 años quién vende droga. Cuando no les dice, lo acusan falsamente de posesión de droga y acaba sentenciado a ocho años de cárcel.
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Un policía le pone encima droga a un chavo y le promete que pedirá a la corte que le reduzcan la sentencia si lo ayuda a vender kilos de cocaína que saca del depósito de evidencias de la delegación. A la hermana del chavo, que trabaja de prostituta, el policía también la obliga a vender droga y a acostarse con él.
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El mayor escándalo de corrupción en el Departamento de Policía de Los Angeles (DPLA) en 60 años está generando historias como estas de policías drogados, que roban, balean, acusan falsamente y matan para tapar sus crímenes.
Pero no es una película; es lo que pasa a diario en los barrios y comunidades de las nacionalidades oprimidas contra gente que muchas veces no habla inglés. Esas historias que han tapado empiezan a conocerse con lujo de detalles.
Confesión
La crisis del DPLA empezó con la confesión del agente Rafael Pérez, condenado de robarse cuatro kilos de droga del depósito de evidencias de la delegación. Además de robarse droga, Pérez, que formaba parte de la unidad "antipandillas" CRASH de la división Rampart, localizada en Pico-Union, admitió que disparaban sin provocación, fraguaban pruebas y acusaban falsamente.
CRASH, que quiere decir "Recursos Comunitarios contra Delincuentes" (Community Resources Against Street Hoodlums), fue establecida en 1977 en unas pocas delegaciones, pero ahora existe en todo el DPLA. A diferencia de otras unidades especializadas como homicidio, narcotráfico y crimen organizado, CRASH no apunta contra ningún "delito" específico. Su blanco es el pueblo y está en las primeras filas de la guerra contra la juventud con el pretexto de combatir a las pandillas.
El agente Pérez decidió hablar sobre los crímenes de CRASH como parte de una negociación de reducción de cargos a cambio de una declaración de culpabilidad. Está preso con su compañero David Mack, quien robó un banco. Desde la confesión de Pérez, han despedido o suspendido sin goce de sueldo a 15 policías y se dice que otros podrían estar implicados. Las autoridades están muy preocupadas y han anunciado que el DPLA, la fiscalía, un gran jurado y el FBI están llevando a cabo investigaciones, aunque todavía no han formulado cargos.
Se dice que están revisando cientos de casos de personas condenadas por el testimonio de los policías suspendidos y despedidos, aunque solo han dado a conocer públicamente cinco casos. Se dice también que están investigando siete balaceras "cuestionables", aunque la prensa solo ha mencionado dos.
La podredumbre sale a flote
El escándalo estalló en la división Rampart, pero ahora se ha generalizado y los implicados no son solo policías de bajo rango sino sus mandos también.
El agente Pérez admite que él le disparó a Javier Francisco Ovando y que el arma de fuego que colocó a su lado se la quitaron a unos "pandilleros" la semana anterior. Tanto Pérez como su compañero Nino Durand mintieron ante la corte. Javier ha salido de la cárcel, donde pasó tres años por nada.
El DPLA admite que el ataque a Javier y a muchos más no son los actos de un puñado de agentes "locos". Un teniente reconoció que un sargento de Rampart lo "dirigía todo", enseñaba a tapar fechorías y que otros policías colaboraban. Por ejemplo, un detective ordenó la destrucción del arma de fuego que le pusieron encima a Javier por temor a que se comprobara que pertenecía al DPLA.
El agente Pérez también habló de un incidente de 1996, cuando una bola de policías entró disparando a la loca en un edificio de la calle Shatto Place y dejó herido de gravedad a Salvador Ochoa, quien iba caminando con sus hijos, mató a Juan Manuel Saldaña de un tiro en la espalda e hirió a su amigo José Pérez, quien se salvó de ser rematado por el heroísmo de unos valientes vecinos que encararon a los policías.
A José Pérez le pusieeron encima una pistola y lo presionaron a declararse culpable de agresión. Pasó un año en la cárcel y cuando salió lo volvieron a acusar falsamente de homicidio.
A todos los policías que cometieron esos delitos contra el pueblo los alabaron y premiaron. En su única declaración pública, el agente Pérez dijo que todo lo hacía "para impresionar a los supervisores... por eso estaba dispuesto a hacer cualquier cosa". Antes de este escándalo, a los agentes que disciplinaban apenas les daban un jalón de orejas, por su ejemplar "desempeño profesional".
Crímenes
Los policías de CRASH eran descarados. Los de Rampart tenían un apartamento cerca de la delegación donde iban a emborracharse con prostitutas a todas las horas del día. Se están investigando otros casos de brutalidad, pruebas fraguadas y acusaciones falsas.
En 1995, el sargento Salvador Apodaca, supervisor de la unidad CRASH de la división Wilshire, mató a dos personas en circunstancias tan sospechosas que sus familias demandaron al DPLA. También estaba a cargo de la unidad de perros policías cuando le pusieron varias demandas civiles porque casi todos los ataques de perros ocurrían en barrios negros y latinos. Pero esos antecedentes no impidieron que lo nombraran supervisor de CRASH tras la paliza de Rodney King, cuando supuestamente el DPLA estaba poniendo bajo control la brutalidad policial.
En junio de 1995, se robaron el pick-up particular del sargento Apodaca, en el cual tenía nombres y direcciones de otros policías, una pistola y varios teléfonos celulares. Aunque los reglamentos del DPLA prohíben que un agente participe en una investigación de la cual es "víctima", el sargento Apodaca y cinco miembros de la unidad CRASH se portaron, según dicen los propios abogados del DPLA, como una cuadrilla de justicieros. Después de que encontraron el pick-up en el centro, fueron a Norwalk e invadieron la casa de Luciano Córdova y de su hijo José.
Con pistolas desenfundadas le dijeron al padre que tenían una orden de arresto para su hijo. Mientras dos se quedaron con el padre, otros agentes fueron al cuarto de José a torturarlo con golpes y una llave estranguladora (que está prohibida porque ha matado a mucha gente) y preguntarle sobre el pick-up. José dijo que pensó que lo iban a matar. Luego lo llevaron a la delegación y lo obligaron a firmar una "confesión". Por tortura y tentativa de homicidio, a seis policías los suspendieron de dos días a un mes. (A varios los suspendieron por falcificar boletas de horas extras, no por brutalidad.) Todos, menos uno, siguen trabajando en el DPLA.
A Esaw Booker el agente Rafael Pérez y sus compañeros le pusieron un pedazo de crack en el bolsillo en 1992, por lo cual lo sentenciaron a cinco años de prisión. Hoy Esaw tiene 54 años y está parcialmente paralizado porque el estrés le causó una apoplejía. Esaw Booker descubrió en los expedientes de la policía que uno de los agentes que testificó en su contra ni siquiera estaba presente. Booker ha conseguido una audiencia en una corte federal.
En otro caso, Joseph Jones no quiso decirle al agente Pérez quiénes vendían droga y este lo acusó de posesión de droga. El 19 de noviembre, salió libre después de cumplir dos años y medio de una sentencia de ocho años. Otras cuatro personas han salido libres después de que se confirmó que Pérez y Durden las acusaron falsamente de tener droga o armas de fuego. Uno es Miguel Hernández, de 41 años, que vive en Pico-Union.
Crímenes contra la mujer
El maltrato a la mujer es una práctica muy común en la división Rampart. El 4 de mayo de 1998, dos de los policías suspendidos obligaron a una mujer a tener relaciones sexuales con uno de ellos cuando le encontraron una pipa de crack en el carro. Primero amenazaron con "ir a buscarla" en la casa si no alquilaba un cuarto de hotel. Ella les dijo a los investigadores que lo hizo por miedo.
A los agentes solo los suspendieron, a uno por dos meses y al otro por seis semanas. No los acusaron ni los despidieron porque la junta disciplinaria quedó "muy impresionada con su hoja de servicios y felicitaciones". Solo después de la confesión de Rafael Pérez los suspendieron indefinidamente.
Por todo el país los policías cultivan relaciones con prostitutas y otras mujeres vulnerables. Las explotan sexualmente y las usan para vender droga, delatar, para que sirvan de testigos y colaboren con sus fechorías. En el caso del preso político Mumia Abu-Jamal, por ejemplo, la fiscalía usó el testimonio de una prostituta amiga de un policía. El agente Pérez usó a una de sus amigas para trasladar la gran cantidad de cocaína que se robó del depósito de evidencias.
Con el apoyo de un sistema injusto
Los criminales de CRASH cuentan con el apoyo de otras ramas del sistema judicial, como las cortes y la Migra.
Joseph Jones, Miguel Hernández, José Pérez y muchos más se declararon culpables sin haber hecho nada porque los jueces imponen sentencias más largas a los que piden un juicio. Como saben que ante la corte sería su palabra contra la del policía, prefieren "confesar". Además, la ley de California de "tres strikes" presiona a negociar. Por ejemplo, si uno se declara culpable puede evitar la sentencia de 25 años a cadena perpetua que impone esa ley por el tercer delito. (A Joseph Jones lo sentenciaron a ocho años porque el fiscal aceptó ignorar las condenas anteriores.) El nuevo gobernador demócrata no permitirá que nadie que pudo ser sentenciado a cadena perpetua salga en libertad condicional.
La Migra, que tiene oficinas en la mera división Rampart, le quitaba los papeles y a veces deportaban a las víctimas de CRASH. Manuel Pérez, quien fue arrestado con Joseph Jones, se declaró culpable pero se fugó antes de que dictaran la sentencia. Después fue arrestado en Texas y deportado a Honduras. ĦAhora la Migra está amenazando deportar a Javier Francisco Ovando!
Las autoridades están muy preocupadas por las consecuencias que podría tener el escándalo, pero necesitan a sus sabuesos en las calles.
El DPLA ha anunciado que no cerrará a CRASH y otras unidades afectadas por el escándalo. La fiscalía ha tenido que suspender dos órdenes judiciales contra pandillas que prohíben tener bipers, teléfonos celulares o reunirse en público, aunque está haciendo todo lo posible por reinstaurarlas.
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El 22 de octubre de 1998, en el tercer Día Nacional de Protesta para Parar la Brutalidad Policial, dos chavos portaban un estandarte que declaraba: "A la mierda Pérez y Rampart". La mayoría no sabía a qué se referían; ahora todo mundo lo sabe.
Ambos chavos estuvieron en el Día Nacional de este año y esto es lo que dijo uno sobre el escándalo: "Estoy un poco alegre; digo un poco porque todavía hay policías corruptos. Se supone que están para servir y proteger, pero en realidad nos maltratan, roban dinero, billeteras y joyas. Todavía hay policías corruptos, hasta en la división Rampart. No todos han sido delatados. Los que patrullan siguen maltratando, robando joyas y dinero".
El escándalo ha destapado un profundo y podrido pozo de corrupción y crímenes contra el pueblo. La verdadera naturaleza de los capataces del sistema está a la vista de todos, y los que viven bajo la bota del DPLA tienen que seguir desenmascarándolos y atizando la lucha contra los asesinatos y la brutalidad policiales.
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