Nuevo memorando detalla injusticias
Parte 1:
¡TIENEN QUE OIR LAS PRUEBAS!C. Clark Kissinger
Obrero Revolucionario #1040, 30 de enero, 2000
Cuando se admite que en Estados Unidos hay una gran brecha entre ricos y pobres, que esta sociedad siempre ha oprimido a las minorías raciales y que todo está a la venta al mejor postor... se menciona una salvedad: que la justicia es igual para todos, ricos y pobres, blancos y minorías.
Bueno, los que creen eso tienen que responder ahora a la petición de habeas corpus de Mumia Abu-Jamal, entablada en octubre, y a un "memorial de derecho" suplementario entablado el 7 de diciembre. Estos documentos, apenas los primeros de los que van a presentar sus abogados, detallan una serie de 29 violaciones extremas de los derechos amparados por la Constitución de los Estados Unidos. Demuestran sin lugar a dudas que para ejecutar a Mumia Abu-Jamal, el gobierno federal y el gobierno de Pensilvania tendrían que violar tanto las normas generales de justicia y humanidad como las reglas y los principios teóricos de su sistema.
El memorial es un documento potente. Los partidarios de Mumia deben familiarizarse con él (se puede conseguir en websites de grupos que apoyan a Mumia) y presentar sus principales puntos a los que están entrando al debate. Además, debemos captar los principales puntos que plantea el equipo de defensa y movilizar al movimiento popular pro Mumia para apoyarlo.
La Orden Fraternal de Policía (OFP), el fiscal Joe McGill, Maureen Faulkner, la revista Vanity Fair, Sam Donaldson y toda una bola de comentaristas derechistas repiten la misma letanía al unísono: que a Mumia lo condenaron a muerte, así que "órale". Luego buscan en las actas del juicio las peores tergiversaciones y mentiras de la fiscalía y las presentan como si fueran "hechos", y pasan por alto totalmente las firmes refutaciones de la defensa.
Pero el memorial demuestra de modo concluyente que tanto el juicio de 1982 como las audiencias de la Apelación de Remedio Post-Condena (1995) se caracterizaron por una serie de atropellos: coacción de testigos; supresión y fabricación de pruebas; negación del derecho de Mumia de representarse, de tener un equipo defensor adecuado y de estar presente durante el juicio; discriminación racial en el proceso de seleccionar jurados; manipulación de la fase del juicio dedicada a la sentencia; y un prejuicio extremo en el proceso de apelaciones. El memorial refuerza cada uno de sus argumentos con hechos y con precedentes de la Suprema Corte.
El fondo del asunto
Antes de ir a explicar lo importante que es esta apelación y a desenmascarar las mentiras de la Orden Fraternal de Policía y sus compinches, es esencial entender el fondo del asunto. No se trata de que un periodista, revolviendo citas de testigos (todos los cuales han pactado con la fiscalía) y mentiras, diga que todo está claro y no se necesita un juicio imparcial; tampoco es si la OFP puede aullar tan alto que calle la historia de la policía de Filadelfia, cuya coacción de testigos y fabricación de pruebas ha llevado a anular centenares de condenas en años recientes; ni tampoco es si Maureen Faulkner tiene el derecho de "concluir" el asunto y no "sufrir" más.
El fondo del asunto es si Mumia ha tenido un juicio imparcial y, si no, ¿cómo se puede justificar que siga preso y condenado a muerte?
El memorial demuestra con lujo de detalles que Mumia NUNCA tuvo un juicio imparcial. Por eso tenemos que preguntarnos: ¿Por qué tienen tanta prisa por ejecutarlo? ¿Por qué temen tanto que tenga la oportunidad de defenderse, con abogados que él mismo escoja? ¿Por qué temen tanto que se realice un juicio en que la defensa contrate expertos de balística y medicina forense, algo que no pudo hacer en el primer juicio? ¿Por qué temen tanto que un equipo defensor competente tenga la oportunidad de atacar las ridiculeces de la fiscalía, con Mumia presente?
¿Por qué? Si los tribunales federales no anulan las decisiones del juez Sabo y de la Suprema Corte de Pensilvania, la única explicación posible es que quieren sentar un precedente político matando a un rebelde consecuente. No podemos permitir eso.
Esta serie examinará los principales puntos del memorial. Pero primero que todo, quiero hablar de lo crítico que serán las audiencias ante el tribunal distrital federal.
¡Tienen que oír las pruebas!
Como ya mencioné, Mumia ha entablado una petición de habeas corpus, o sea, ha pedido que los tribunales federales anulen las decisiones de los tribunales estatales porque violan la Constitución federal. El tribunal federal distrital anunció que oirá argumentos sobre la petición, y que este proceso podría empezar en abril. Si el juez distrital William Yohn rechaza la petición, es probable que el gobernador Tom Ridge de Pensilvania firme otra orden de ejecución. De inmediato los abogados de Mumia entablarían apelaciones ante el tribunal federal de apelaciones y la Suprema Corte nacional, pero ninguno de estos dos tribunales tiene la obligación de oír dicha petición ni de aplazar la ejecución. ¡Así de importante es la audiencia ante el tribunal distrital! Tenemos que hacer todo lo posible por demostrar un gigantesco apoyo a Mumia antes de la audiencia, y fortalecer el movimiento para las demás batallas.
Como expliqué en otros artículos, la "Ley contra el Terrorismo y por la Pena de Muerte Efectiva de 1996" restringe el derecho de un preso a entablar una petición de habeas corpus. Todavía permite hacerlo cuando una decisión de un tribunal estatal "viola, o aplica de una manera poco razonable, una ley federal, según la interpreta la Suprema Corte de los Estados Unidos" [énfasis del autor, de la página 3 del Memorial de Apoyo a la Petición de una Orden de Habeas Corpus conforme a 28 U.S.C. 2254, o sea, el memorial del 7 de diciembre]. En cada una de las 29 violaciones constitucionales que cita, el memorial detalla las violaciones cometidas por los tribunales estatales contra los precedentes de la Suprema Corte.
La citada ley de 1996 también permite pedir una orden de habeas corpus si una decisión de un tribunal estatal "se fundamenta en una interpretación poco razonable de los hechos en vista de las pruebas presentadas ante el tribunal" [énfasis del autor, 28 U.S.C. 2254 (d)(2), de la página 6 del memorial]. Pero luego dice que el tribunal federal tiene que aceptar que las decisiones del tribunal estatal son correctas, a menos que el acusado presente "pruebas claras y convincentes" de lo contrario. El memorial ataca precisamente la "interpretación poco razonable de los hechos" del juez Sabo. De hecho, el comportamiento de Sabo fue tan prejuiciado contra Mumia, tanto durante el juicio como durante las audiencias de apelación post-condena, que el equipo defensor ha recusado todo el proceso de determinación de los hechos. Además, va a solicitar una audiencia para presentar pruebas.
Por eso la audiencia ante el tribunal distrital federal es tan importante. A menos que el juez Yohn anule las decisiones del tribunal estatal sobre la determinación de los hechos o permita una audiencia federal sobre las pruebas de la defensa, las decisiones del tribunal estatal regirán todo el proceso de apelaciones. Esto tendría dos consecuencias: Primero, todas las pruebas falsificadas que presentó la fiscalía (la confesión fabricada, el testimonio falsificado de "testigos presenciales", etc.) se aceptarán como hechos; y segundo, no se oirá ninguna de las nuevas pruebas que recopiló el equipo defensor de Mumia y que el juez Sabo rechazó.
Si el juez Yohn NO anula las decisiones del tribunal estatal y si NO permite celebrar una audiencia federal sobre las pruebas, perjudicará en gran medida a Mumia y a la justicia en sí. Por ejemplo: nunca se oiría el testimonio de Veronica Jones (sobre cómo la policía de Filadelfia coaccionó y sobornó testigos); el equipo defensor nunca tendría la oportunidad de cuestionar el testimonio de Gary Bell, el compañero de trabajo del agente Faulkner, que "recordó de repente", más de dos meses después del incidente, que Mumia confesó (durante las audiencias post-condena, Sabo no dejó mandar comparecer a Bell); nunca se oiría testimonio crucial sobre el prejuicio en la selección del jurado (Sabo tampoco dejó llamar testigos sobre esto); y nunca se presentarían pruebas sobre el espionaje político de Mumia por el Departamento de Policía de Filadelfia, lo que demuestra una larga enemistad contra él (Sabo también rechazó una petición de la defensa de ver archivos sobre espionaje).
El memorial enumera cinco criterios a favor de una audiencia sobre las pruebas, todos los cuales cumplen los requisitos de la Suprema Corte y son aplicables al caso de Mumia. Primero, Sabo simplemente pasó por alto ciertos hechos y decidió por su cuenta qué testigos aceptar. Segundo, el proceso de determinar los hechos en el juzgado de Sabo "no fue lo suficientemente histórico, específico, considerado ni amplio". Tercero, las pruebas más importantes de la petición de Mumia no se presentaron en las audiencias post-condena porque el juez Sabo no permitió mandar comparecer a testigos, presentar ciertas pruebas o que la defensa viera ciertos documentos. Cuarto, la abierta enemistad de Sabo hacia Mumia y sus abogados "contagió todo el proceso de determinación de los hechos y convirtió las audiencias post-condena en una farsa" [página 12 del memorial]. Y quinto, Sabo aceptó como "hechos" afirmaciones sin comprobar.
Si el juez Yohn rechaza las peticiones de la defensa, esas pruebas no se presentarán ante ningún tribunal. Así que tenemos que captar a fondo lo que está en juego en esta fase del proceso: para que haya siquiera una pizca de justicia, ¡TIENEN QUE OIR LAS PRUEBAS!
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