Fallos de la Suprema Corte sobre la pena de muerte:

Hay que redoblar la lucha

Obrero Revolucionario #1056, 28 de mayo, 2000

El 18 de abril, la Suprema Corte anunció dos importantes fallos sobre la aplicación de la Ley de la Pena de Muerte Efectiva de 1996 (EDPA), la cual limita el derecho de los presos a entablar apelaciones ante los tribunales federales. Los fallos en sí son contradictorios, pues por un lado la Corte aceptó las apelaciones de dos presos, Terry Williams y Michael Williams, pero por otro lado revalidó la EDPA y sus restricciones a los derechos de los presos.

En el presente artículo informaremos sobre los fallos y sus implicaciones para los condenados a muerte, y en particular para Mumia Abu-Jamal; a manera de introducción, ofrecemos un resumen de los elementos esenciales de la EDPA.

La Ley de la Pena de Muerte Efectiva (EDPA)

En la década previa a la aprobación de la EDPA, los tribunales federales aceptaron una tercera parte de las apelaciones de condenados a muerte. Muchos presos condenados injustamente obtuvieron justicia a través de ese proceso, pues los veredictos de los tribunales estatales eran patentemente injustos, a tal grado que socavaban la legitimidad del sistema judicial.

¿Cómo respondieron el presidente Clinton y el Congreso ante esa situación? ¿Promulgaron leyes que garantizaran el derecho a una defensa adecuada? No, al contrario, recortaron los fondos para los abogados que defienden a los pobres. ¿Castigaron a los fiscales, policías y jueces responsables de imponer condenas injustas? Tampoco. En vez de corregir los problemas del sistema judicial, aprobaron la EDPA, una ley que limita las posibilidades de los presos de entablar apelaciones contra una condena injusta.

La EDPA (que es parte de la Ley contra el Terrorismo y por la Pena de Muerte Efectiva, AEDPA) limita el derecho de un preso a entablar peticiones de habeas corpus: solo tiene derecho a una, la cual debe entablarse en el plazo de un año después de agotar las apelaciones estatales. Además, los tribunales federales deben aceptar las decisiones de los tribunales estatales sobre la determinación de los hechos (en vez de examinarlos independientemente), a menos que el acusado presente pruebas claras y convincentes de lo contrario.

Por otra parte, la EDPA establece un nuevo criterio sobre la aplicación de las leyes por los tribunales estatales. En el pasado, los tribunales federales anulaban un veredicto si el acusado demostraba que los jueces estatales aplicaron incorrectamente una ley. Pero con la EDPA, ahora solo pueden anular veredictos si un tribunal estatal "viola, o aplica de una manera poco razonable una ley federal". Es decir, está bien que un tribunal estatal aplique incorrectamente una ley, siempre y cuando no lo haga de manera "poco razonable".

Por otra parte, la EDPA dice que si un acusado "no presenta" pruebas o argumentos ante los tribunales estatales, NO PUEDE presentarlos en su apelación federal.

La Suprema Corte revalidó esos elementos de la EDPA en sus decisiones de abril.

Resumiendo, el presidente Clinton y el Congreso promulgaron una ley (EDPA) con el propósito de agilizar las ejecuciones sin examinar si los condenados a muerte tuvieron un juicio imparcial o si en verdad son inocentes. Pisotearon los derechos que el pueblo ganó a través de ardua lucha después de la guerra de Secesión y en el movimiento de liberación negra, y ahora la Suprema Corte acaba de dar su sello de aprobación a eso.

Los fallos de la Suprema Corte

Los fallos en cuestión son complejos, pues la Suprema Corte revalidó elementos clave de la EDPA, pero a la vez falló a favor de los dos condenados a muerte. Eso produjo mucha confusión porque dio la impresión de que la Corte ponía ciertas restricciones a la EDPA o inclusive que cambiaba su posición respecto a la pena de muerte. No es así. En realidad, los dos fallos de la Corte, los primeros de peso relacionados con la EDPA, claramente la revalidan.

En particular, la Corte expresó su acuerdo con el criterio de la EDPA sobre la aplicación "poco razonable" de una ley federal. Según la magistrada Sandra Day O'Connor: "Referente al fallo de hoy, el punto de mayor importancia es que la aplicación poco razonable de una ley federal es distinta a su aplicación incorrecta". Afirmó que una corte federal no anulará una condena simplemente porque la decisión del tribunal estatal fue incorrecta, siempre y cuando fuera razonable. Desde luego, eso se presta a muchas interpretaciones, pero está claro que el que entable una apelación debe tener argumentos mucho más convincentes.

Sin embargo, los magistrados que votaron a favor de la EDPA en términos generales, anularon la decisión del tribunal estatal en el caso particular de Terry Williams y le otorgaron una nueva audiencia de sentencia porque la decisión de ese tribunal les pareció "poco razonable". Williams argumentó que no tuvo una defensa adecuada porque su abogado no presentó circunstancias atenuantes en la fase de sentencia (lo cual también ocurrió en el caso de Mumia Abu-Jamal).

Su apelación de una nueva audiencia de sentencia se oyó primero en una serie de tribunales; unos decidieron a su favor y otros en contra. Luego, el Cuarto Circuito de Apelaciones (el nivel antes de llegar a la Suprema Corte) falló que rechazar la petición de una nueva audiencia fue razonable. Dijo que una decisión debe considerarse razonable ¡a menos que sea de tal índole que todos los magistrados la rechacen! Esa es una posición muy extrema, pues prohibiría prácticamente TODA revisión federal de las decisiones de los tribunales estatales. Ni la Suprema Corte ni la clase burguesa quiere ir a tal extremo porque suscitaría un cuestionamiento general de la EDPA; además prohibiría la intervención de los tribunales federales cuando un tribunal estatal se opone a los intereses generales de la clase dominante.

En el otro caso, el preso Michael Williams descubrió, después de haber agotado sus apelaciones estatales, que el fiscal ocultó pruebas en su juicio. Sin embargo, el Cuarto Circuito de Apelaciones dijo que como la defensa "no presentó" dichas pruebas en los tribunales estatales, no podía presentarlas en los federales y habría que ejecutar a Williams. El equipo de defensa argumentó que era injusto culpar a Williams ¡por "no presentar" pruebas que la fiscalía ocultó indebidamente! La Suprema Corte estuvo de acuerdo y ordenó una audiencia para presentar las pruebas.

El papel del Cuarto Circuito de Apelaciones ha sido encabezar la carga contra las garantías del pueblo. Por ejemplo, anuló el fallo Miranda, el cual requiere que la policía informe a los detenidos del derecho a tener un abogado. (Ese asunto también está ante la Suprema Corte, pero todavía no ha anunciado su decisión al respecto.)

Las consecuencias para el pueblo

En primer lugar, los fallos de la Suprema Corte agilizarán las ejecuciones. El año pasado, el gobierno ejecutó a 98 presos y este año ejecutará a más; se calcula que en el año 2001, ejecutará a una persona al día. Esa es una posibilidad espantosa ante la cual debemos redoblar la oposición a la pena de muerte.

Asimismo, los fallos afectarán a Mumia Abu-Jamal. Para obtener un nuevo juicio, además de demostrar que las decisiones de los tribunales estatales fueron incorrectas o erróneas, tendrá que comprobar que fueron "poco razonables", pero la Suprema Corte no ha delineado bien la diferencia entre incorrecto y poco razonable.

Es decir, el juez Yohn, quien preside la petición de habeas corpus de Mumia, puede determinar que las decisiones de los tribunales de Pensilvania fueron incorrectas pero razonables y negarle un nuevo juicio a Mumia. O puede decir que fueron incorrectas y poco razonables, y darle un nuevo juicio.

Cabe notar que en el caso de Terry Williams, la Suprema Corte anuló su condena de muerte porque no tuvo una defensa adecuada; ese precisamente es uno de los argumentos de Mumia, quien tiene pruebas mucho más convincentes. Ultimamente, se ha criticado mucho al sistema judicial por negarle una defensa adecuada a los condenados a muerte y eso seguramente influyó en la decisión de la Corte de darle una nueva audiencia a Williams.

En cuanto a la apelación de Mumia, el juez Yohn tendrá que responder a una serie de interrogantes: ¿Fue poco razonable que los tribunales estatales le negaran un nuevo juicio en vista de que la defensa no entrevistó a ningún testigo? O, ¿simplemente fue incorrecto? ¿Fue poco razonable que le negaran un nuevo juicio dado que tres testigos cambiaron su testimonio y uno admitió que dio declaraciones falsas? O, ¿simplemente fue incorrecto? ¿Fue poco razonable que la fiscalía rechazara a diez jurados afroamericanos? O, ¿simplemente fue incorrecto? ¿Fue poco razonable que, con el pretexto de que no estaba disponible, no mandaran comparecer al testigo que dijo que Mumia no hizo ningún comentario la noche que supuestamente confesó? O, ¿simplemente fue incorrecto? ¿Fue poco razonable que la fiscalía presentara las declaraciones y asociaciones políticas de Mumia de 12 años atrás, y argumentara que por eso lo debían condenar a muerte? O, ¿simplemente fue incorrecto?

La diferencia entre "poco razonable" e incorrecto es una cuestión de vida o muerte.

En conclusión, los fallos de la Suprema Corte son parte de una ofensiva reaccionaria contra el pueblo, pues la Corte ha dado su sello de aprobación a la EDPA, una ley espantosa e injusta. Solo nuestra lucha decidida y la lucha del equipo de defensa de Mumia hará retroceder al enemigo.

Los tribunales federales pueden anular la condena de Mumia, por varias razones. Si bien la lucha en la esfera judicial se ha vuelto más difícil, no se ha minado la capacidad del equipo de defensa de luchar... y vencer.

Las palabras de Frederick Douglass, quien luchó por la abolición de la esclavitud, resuenan hoy: el poder no cede sin una lucha, así como las palabras de Mao Tsetung: ¡Atreverse a luchar! ¡Atreverse a ganar!

No permitiremos que ejecuten a Mumia. Tenemos que parar este proyecto reaccionario. Hay que redoblar la lucha y ganar justicia para Mumia, y así asestar un golpe por los miles de condenados a muerte y millones de personas que luchan contra los terribles atropellos del sistema.


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