Texas: Pabellón de la muerte
Parte 1: Condenas injustas y los paniaguados del sistema judicial
Obrero Revolucionario #1063, 23 de julio, 2000
"Lo que va a pasar aquí es un homicidio puro y sencillo. Es un homicidio aprobado por el estado, un linchamiento aprobado por el estado, aquí en América. Esto es lo que está pasando, mis compañeros. Nada menos. Saben que soy inocente. Tienen las pruebas que lo demuestran. Saben que soy inocente. Pero no pueden aceptar mi inocencia, porque tendrían que admitir públicamente su propia culpabilidad. Eso es algo que los racistas nunca harán".
Shaka Sankofa, de su última declaración,
al momento de su ejecución"Por infamias como esta, mucha gente llega a pensar que el sistema es totalmente corrupto".
Licenciado Burr, uno de los
abogados de Shaka SankofaEl 22 de junio, el estado de Texas ejecutó a Shaka Sankofa (Gary Graham) a pesar de abundantes pruebas de su inocencia.
¡A Shaka lo condenaron en un juicio de menos de dos días a raíz del testimonio de una testigo que solo vio unos pocos segundos al hombre que disparó! Su abogado, nombrado por el juez, nunca presentó las pruebas de su inocencia. Ninguna prueba física lo vinculó al crimen.
Una semana antes de la ejecución, el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional publicó una "Petición a la Decencia" que decía: "En el juicio, a [Shaka Sankofa] le negaron el derecho a una defensa adecuada y lo condenaron a raíz de una sola testigo cuestionable. Por las debilidades de su abogado, no se presentaron muchas pruebas. Quedan muchas dudas sobre su culpabilidad en el homicidio de Bobby Lambert en 1981. La ejecución de Gary Graham coincide con una racha de pruebas de la injusticia de la pena de muerte en Estados Unidos. Este caso ofrece un ejemplo clásico de los defectos mortales del sistema de justicia capital en este país".
La maquinaria judicial que condena mucha gente a muerte es patentemente injusta y racista, y el estado de Texas es el verdugo más despiadado del país. Desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976, ha ejecutado a 218 hombres y mujeres, muchos más que en cualquier otro estado y la tercera parte de las ejecuciones en todo el país. Tiene 457 condenados a muerte-solo California (con 568) tiene más-y 200 de ellos han sido condenados desde la toma de posesión del gobernador George W. Bush en 1995. El 40% son afroamericanos y el 22% latinos.
El Chicago Tribune (10 de junio, 2000) hizo una investigación de las 135 ejecuciones durante el gobierno de Bush (antes de la ejecución de Shaka Sankofa, el número 132) y concluyó que en docenas de casos los condenados no recibieron un juicio justo. Los investigadores examinaron actas, alegatos, decisiones de apelación, expedientes disciplinarios de abogados, además de entrevistar a docenas de testigos, abogados y jueces, y aunque Bush niega que haya ejecutado a inocentes, encontraron que:
• En 40 casos, la defensa no presentó ninguna prueba (o solamente presentó un testigo) en la fase de la sentencia.
• En 29 casos, un psiquiatra dio testimonio que la Asociación Americana de Psiquiatras calificó de cuestionable y mala conducta profesional.
• En 43 casos (la tercera parte), al abogado defensor del juicio o de la apelación inicial posteriormente le prohibieron ejercer la abogacía, o fue suspendido o sancionado.
• En por lo menos 23 casos, se presentó el testimonio de un soplón (de por sí sumamente cuestionable) en el juicio o la audiencia de sentencia.
• En por lo menos 23 casos, la fiscalía presentó una prueba de comparación de pelo, la cual es una técnica sumamente inexacta.
Abogados incompetentes
Si el acusado no puede pagar un abogado por su cuenta, el juez distrital nombra uno tanto para el juicio como para la apelación inicial. En cuanto a los abogados nombrados por la corte en casos de pena capital en el estado de Texas, el Tribune descubrió que varios han sido condenados de delitos graves, y a otros los suspendieron o les prohibieron el ejercicio de la abogacía. Además, algunos tenían muy poca experiencia, sobre todo con casos de pena capital, y muchos eran totalmente incompetentes.
En el caso de Wayne Stoker, el juez nombró a Ronald Felty, un ex fiscal, y a Gary A. Taylor. Posteriormente, Felty se declaró culpable de falsificar la firma de un juez en una orden y de falsificar un documento oficial, y lo sentenciaron a cinco años de servicio comunitario. En otro incidente, falsificó la firma de dos clientes y cobró su indemnización. Ante la amenaza de ser castigado, dejó el ejercicio de la abogacía.
Al menos 43 de los abogados defensores en los 131 casos que examinó el Tribune fueron sancionados por el colegio de abogados de Texas por mala conducta, tal como: mentir a clientes y jueces, aceptar un anticipo sin hacer las gestiones e investigaciones necesarias, no entablar documentos a tiempo y negociar en procesos criminales. En prácticamente todos los casos, los acusados eran pobres.
Se ha criticado a los jueces de Texas por nombrar a amigos, a los que han contribuido a sus campañas electorales y a abogados que resuelven casos rápidamente. Según el New York Times: "Varios abogados defensores y ex jueces nos dijeron que nombraban a abogados dispuestos a resolver los casos rápidamente y los presionaban a contribuir a la campaña electoral del juez". Se da el ejemplo del licenciado Joe F. Cannon, quien murió hace dos años: tenía muy mala fama de dormir en los juicios, además de una gran premura por resolver casos para complacer a jueces que tenían muchos juicios pendientes. Fue nombrado defensor de tres hombres ejecutados durante el gobierno de Bush.
Asimismo, el Tribune descubrió que a tres abogados nombrados por la corte los condenaron posteriormente de un delito grave. Felty, el abogado de Stoker, fue uno. Otro dio a parar a la cárcel por agredir sexualmente a dos jovencitas. Al tercero, quien llegó a ser fiscal, lo condenaron de extorsión. Muchos de los abogados en los 131 casos investigados por el Tribune han sido sancionados en múltiples ocasiones, por ejemplo, uno de ellos en ocho ocasiones, dos de ellos en siete y otro en seis ocasiones.
De los 43 abogados sancionados por mala conducta, a 34 les prohibieron el ejercicio de la abogacía o los suspendieron, a veces "condicionalmente" (es decir, el abogado sigue ejerciendo la profesión siempre y cuando cumpla ciertas condiciones, como meterse a un programa de tratamiento para la droga o pagar una indemnización al cliente). En los demás casos, recibieron una reprimenda.
Por lo general, los abogados nombrados por la corte fueron sancionados posteriormente por mala conducta. Sin embargo, en siete casos ocurrió antes de representar al acusado en el juicio o la apelación.
La condena injusta de Shaka
A Ronald Mock lo han castigado cinco veces por mala conducta y defendió a cuatro acusados que recibieron la pena capital, entre ellos Shaka Sankofa. Cuando el juez lo escogió para defender a Shaka, solo tenía tres años de experiencia y varios clientes habían entablado quejas contra él por tomar alcohol. Mock le dijo al New York Times: "Tomé mucho whiskey. Tomé whiskey con los jueces y en las mejores tabernas. Pero nunca afectó mi capacidad ni el ejercicio de mi cargo".
En Texas, un ala del pabellón de la muerte (donde ejecutaron a Shaka) se llama el "Ala Mock" porque muchos clientes de Mock terminaron ahí: 16 de los 19 que él representó (han ejecutado a siete de ellos). Le dijo al Times que cree que ha tenido más clientes sentenciados a muerte que ningún otro abogado y se jactó de que "no aprobó el curso de derecho penal de la Facultad de Derecho Thurgood Marshall de la Universidad Texas Southern". En un caso, Mock fue a parar a la cárcel porque no entabló los documentos necesarios a tiempo; a su cliente, Anthony Ray Westley, lo ejecutaron en 1997.
Mock y el equipo defensor prácticamente no hicieron ninguna investigación previa al juicio de Shaka. En 1993, el investigador que trabajó con Mock dijo en una declaración jurada: "Como los dos dimos por hecho que Gary era culpable, decidí no perder tiempo investigando su excusa. No vi que tuviera mucha posibilidad, así que hice lo mínimo". Chester Thornton, el otro abogado de Shaka durante el juicio, escribió en una declaración jurada: "Me indignó enterarme de que no se había llevado a cabo una investigación. Tengo serias dudas sobre si Gary Graham recibió una defensa adecuada".
Mock no cuestionó el testimonio de Bernice Skillern de que Shaka fue quien mató a Lambert. No señaló que, cuando la policía le mostró a Skillern un grupo de fotos poco después del incidente, Shaka no respondía a su primera descripción del hombre que disparó. Tampoco mencionó que ella le dijo a la policía que el asesino tenía pelo corto y no tenía ni barba ni bigote, y que de las fotos que le mostró la policía la única con pelo corto y sin barba ni bigote era la de Shaka.
Mock no llamó comparecer a cinco testigos oculares mencionados en el informe policial, a pesar de que todos vieron más directamente al hombre que disparó que Skillern y ninguno le echó la culpa a Shaka. Asimismo, dijo que estaba "muy ocupado" y no podía hablar con dos personas que fueron al juicio para dar testimonio de que Shaka estaba con ellas cuando murió Lambert. Por otra parte, ni siquiera mencionó que el informe balístico demostró que el arma de Shaka NO disparó la bala que mató a Lambert.
Las cortes rechazaron todas y cada una de las apelaciones de Shaka, las cuales sostenían que no recibió una defensa adecuada.
Por su parte, Willie Williams tuvo la gran desdicha de que le nombraran como defensores a Joe F. Cannon (él que tenía fama de dormir en el juicio), ADEMAS de Ronald Mock, quienes no leyeron las declaraciones completas de testigos oculares favorables a la defensa. A Williams lo condenaron a muerte y entonces la corte nombró a Cannon y otro abogado (posteriormente diagnosticado como enfermo mental y suspendido en Virginia) para la apelación inicial. Redactaron un alegato de tres páginas; ¿su conclusión?: ¡al revisar las actas del juicio no encontraron ningún argumento a favor de Williams!
Asimismo, Davis Losada fue a parar al pabellón de la muerte porque la corte nombró un abogado incompetente. El licenciado José Luis Peña apenas tenía 17 meses ejerciendo la profesión cuando lo nombraron para defender a Losada, acusado de violación y homicidio de una joven de 15 años en 1985.
Peña defendió a uno de los testigos clave de la fiscalía en un proceso previo y admitió que ese hecho perjudicó su defensa de Losada. Al repreguntar a dicho testigo, solo le hizo una pregunta. En una declaración jurada dijo que limitó sus preguntas por temor a tocar asuntos que trató con el testigo previamente, en el marco de la confidencialidad abogado/cliente.
El Tribune descubrió que en la audiencia de sentencia, Peña hizo una declaración escueta e incoherente al jurado: "Ayer cuando me dirigía a ustedes se fue la luz. ¿Quién sabe? Quizás no fue casual. Hoy llovió. Quizás eso tampoco fue casual. A lo mejor las gotas de agua son la cuestión clave, pues a ustedes les toca tomar esa decisión hoy".
A Losada lo sentenciaron a muerte y lo ejecutaron en 1997. Tres años antes de la ejecución, a Peña le prohibieron el ejercicio de la abogacía por robarle dinero a sus clientes.
El Doctor Calaca
En 22 de los casos investigados por el Tribune, la defensa no presentó testigos en la fase de la sentencia y en 18 casos solo presentó uno. ¡Un abogado declaró que no sabía que tenía la posibilidad de presentar testigos!
En dicha fase, se supone que se pueden presentar ciertos factores-el hecho de que el acusado es muy joven, que tiene lesiones cerebrales o un bajo cociente intelectual, que ha sufrido maltrato en su niñez, etc.-y pedir clemencia. Sin embargo, en Texas, esos factores se han usado para condenar al acusado a muerte, pues se ha señalado que indican una mayor probabilidad de que cometerá otros actos violentos.
En 1991, aprobaron una ley en Texas según la cual el jurado debe tomar en cuenta pruebas de menor "culpabilidad moral" en la fase de la sentencia. Sin embargo, como el Tribune señala, el gobierno de Bush ejecutó a 115 personas antes de que la ley entrara en vigor. Es decir, en 115 de los 131 ejecuciones investigadas, el jurado ni siquiera consideró la posibilidad de dar clemencia.
A Terry Washington lo ejecutaron en 1997. Sus defensores no informaron al jurado que él sufrió de nacimiento de un síndrome provocado por el consumo alcohólico de la madre, además de lesiones cerebrales, y que tenía la capacidad mental de un niño de 7 años.
En el caso de Wayne Stoker, el fiscal mandó comparecer al psiquiatra James P. Grigson, quien recomendó condenarlo a muerte. Ni siquiera examinó a Stoker; sin embargo, declaró que era un hombre antisocial que "indudablemente" cometería nuevos actos violentos.
Los abogados defensores llaman a Grigson Doctor Calaca, pues de mediados de los 70 a mediados de los 80, sus declaraciones han llevado a docenas de condenas a muerte. A principios de los 80, recibió dos reprimendas de la Asociación Americana de Psiquiatras y en 1955 fue expulsado por declaraciones muy cuestionables y violatorias de la conducta profesional.
El doctor trabajaba de la mano con la fiscalía en pro de sentencias de muerte. Por ejemplo, el fiscal preguntaba: "Dados los antecedentes del acusado, ¿es probable que cometerá otro crimen violento en el futuro?". Grigson aseguraba que era "seguro" o "absolutamente seguro", ¡a pesar de que en muchos casos ni siquiera examinó al acusado! Su testimonio influyó mucho. Como un jurado dijo: "Claro que uno tomaba muy en cuenta lo que dijo; como es médico, influyó mucho en nuestra decisión".
Esa clase de declaraciones fueron clave en cuando menos 29 de los 131 casos investigados y Grigson dio testimonio en 16 de ellos. Según el propio doctor, ha comparecido en 166 casos de pena capital en Texas y, salvo en nueve de ellos, dio testimonio que benefició a la fiscalía. Cobraba $150 la hora, y en los años 80, los fiscales lo mandaban comparecer a cada rato y ganaba unos $150.000 al año.
Asimismo, el Tribune descubrió que otros psiquiatras hacían lo mismo, es decir, daban una "opinión experta" sobre lo que el acusado haría en el futuro, a pesar de que ni siquiera lo examinaron. En un caso, un psicólogo declaró que por el simple hecho de ser hispano, era muy probable que el acusado cometiera actos violentes en el futuro.
Pruebas y declaraciones cuestionables
Según la investigación del Tribune, soplones-reclusos que denuncian a sus compañeros-dieron testimonio en 23 de los casos investigados. Como ese testimonio se da a cambio de favores, es sumamente cuestionable. Por ejemplo, siete soplones dieron testimonio en el juicio de David Wayne Spence, acusado de triple homicidio en Lake Waco en 1984, pero su testimonio no era confiable.
Un soplón dijo que Spence le confesó en la cárcel, pero en el momento de la supuesta conversación, ¡Spence ni siquiera estaba preso! Varios soplones admitieron que los detectives les informaron de los pormenores del crimen, les mostraron declaraciones de otros testigos, además de fotos del lugar de los hechos y el informe de la autopsia. A cambio de su testimonio, recibieron paquetes de cigarrillos, visitas conyugales o, en algunos casos, la recomendación de una reducción de la sentencia. Varios de los reclusos retractaron su testimonio.
Ninguna prueba física vinculó a Spence al homicidio; inclusive altos oficiales policiales dudaban de que fuera culpable. Sin embargo, lo ejecutaron en 1997.
En 1996, balearon a un señor que trabajaba en una tienda en Hale Center, un pequeño pueblo al norte de Lubbock, Texas. Cinco meses después, Carey Todd, quien según la fiscalía era un narcotraficante, denunció a Wayne Stoker como el homicida.
Todd dijo que no recibió nada a cambio de su testimonio; sin embargo, su expediente indica que el día que denunció a Stoker le retiraron cargos relacionados con droga y armas entablados en un condado aledaño, y además recibió una recompensa de $1000 por "luchar contra el crimen". Los abogados de Stoker descubrieron una anotación en el expediente de Todd que decía: "Cargos anulados: El acusado ayudó al fiscal Terry McEachern a resolver un caso de homicidio".
La fiscalía afirmó que un casco de bala que se encontró en el carro de Stoker lo ligaba al homicidio, pero en la apelación los abogados encontraron documentos de que no era el dueño del carro en el momento del homicidio sino que lo compró varios meses después.
Hace poco, varios miembros del jurado afirmaron que si se hubieran enterado de los hechos que han salido a la luz últimamente, a lo mejor el veredicto habría sido distinto.
A David Wayne Stoker lo ejecutaron el 16 de junio de 1997.
Por otra parte, el Tribune descubrió que se emplearon pruebas de pelo en 23 de los casos investigados. Dicha prueba es sumamente cuestionable; en una investigación nacional de 62 condenas en las cuales el condenado fue absuelto por una prueba de ADN, se encontró que la fiscalía presentó una prueba de pelo para obtener la condena.
Charles Linch es experto en pruebas de pelo; dio testimonio que llevó a la condena a muerte de dos personas, además de declarar sobre evidencia forense en otro caso de pena capital.
Según el Dallas Morning News, Linch se internó en un hospital psiquiátrico en 1994 por problemas de depresión y alcohol, pues consideraba que se podría lesionar a sí mismo o a otras personas. Sin embargo, lo dieron de alta para dar testimonio contra Kenneth McDuff. Los abogados de la defensa no tuvieron la oportunidad de cuestionar su credibilidad puesto que no les informaron de su situación médica. A McDuff lo ejecutaron en 1998.
Ralph Erdmann es otro "experto" que da testimonio muy a menudo en casos de pena capital en el estado de Texas; compareció en seis de los casos estudiados por el Tribune. En 1994, no disputó siete acusaciones de falsificar evidencia y hacer autopsias chapuceras, y dejó la práctica de la medicina. En un caso, dijo que examinó órganos internos pero la víctima en realidad no los tenía porque la operaron varios años antes. En otro caso, afirmó que examinó el cerebro, pero resultó que no existía ninguna incisión.
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