Obrero Revolucionario #1124, 28 de octubre, 2001, en rwor.org
A comienzos de mes, se celebró una audiencia en un juzgado de San Diego para decidir si podían detener a tres estudiantes como "testigos esenciales" en la investigación de los sucesos del 11 de septiembre. El juez permitió realizar la audiencia en secreto y prohibió divulgar las actas y su propia orden por razones de "seguridad nacional". Un abogado de los estudiantes dijo que no le permitieron reunirse con sus clientes y ni siquiera sabía dónde los tenían detenidos. Agregó: "No me permiten decir si estuvieron en la audiencia o no".
Esa audiencia secreta no es algo aislado. El gobierno federal ha metido a la cárcel a más de 700 personas desde el 11 de septiembre. El secretario de Justicia, John Ashcroft, recomendó "rondas de vecinos en todo el país" y delatar a personas "sospechosas". A fines de septiembre, Ashcroft anunció que el FBI había recibido más de 200.000 "pistas", así que la cantidad de detenidos seguramente aumentará.
La agencia noticiosa Associated Press (AP) informó el 4 de octubre que la investigación "se lleva a cabo con audiencias y documentos secretos en una escala nunca vista, dicen los expertos en derecho". AP señaló que en los últimos años se han realizado procesos secretos contra varios acusados, como Wen Ho Lee, el científico acusado de espionaje. Continuó: "Pero Erwin Chemerinsky, profesor de derecho constitucional de la Universidad del Sur de California, dijo que esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que se lleva a cabo una investigación penal con tanto secreto. `La diferencia en este caso es la escala de la operación y la cantidad de personas involucradas', comentó".
Las detenciones en masa y las audiencias secretas son un solo aspecto de las medidas represivas que el gobierno ha impuesto o planea imponer. Hace dos meses, tales medidas hubieran tropezado con amplia indignación y oposición. Pero ahora se espera que todo mundo las acepte por la "seguridad de la patria".
Poderes policiales sin precedente
Al cierre de esta edición, el Congreso está a punto de finalizar una ley para aumentar dramáticamente los poderes del aparato policial. Los trámites de la aprobación son interesantes: al comienzo había dos versiones del proyecto de ley (la del Senado le daba más poderes a la policía). La Cámara y el Senado empezaron a negociar, pero de repente la jefatura de la Cámara, en coordinación con la Casa Blanca, aceptó la versión del Senado y pasó por alto su propio comité judicial. La Cámara la aprobó a pesar de que la mayoría de los congresistas no la habían visto. El New York Times informó: "Muchos demócratas están indignados e incluso unos republicanos expresaron consternación". Pero de todos modos la aprobaron.
Se informa que las principales medidas de la nueva ley son:
• Permite detener a inmigrantes no naturalizados hasta siete días sin acusarlos, si el secretario de Justicia afirma que son "una amenaza a la seguridad nacional". La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) afirma que la ley deja abierta la posibilidad de detenciones indefinidas.
• Crea un nuevo delito de "terrorismo interno". La ACLU comentó: "Por su amplia definición del terrorismo, el proyecto de ley podría permitirle al gobierno castigar severamente a los condenados de delitos relativamente menores, como protestas políticas". Da a la policía más poderes. La ACLU señala: "El proyecto de ley puede producir una reacción en cadena. El gobierno podría intervenir los teléfonos de los que dan alojamiento u otra forma de ayuda a `terroristas internos', y acusarlos".
• Permite llevar a cabo registros secretos. La ACLU explicó: "Permite ampliar los registros secretos durante una investigación. La policía puede entrar a una casa, oficina u otro lugar particular y realizar un registro, tomar fotos y descargar información de computadoras sin notificar".
• Permite intervenciones telefónicas "errantes", o sea, intervenir cualquier teléfono que use un sospechoso, no un teléfono específico. También facilita el proceso de obtener órdenes judiciales para realizar intervenciones electrónicas y escuchar los mensajes de voice mail.
• Da más poderes para requisar correo electrónico y registros de Internet a fin de averiguar cuándo y a quién un individuo envió correo electrónico y qué websites ha visitado.
• Permite al FBI compartir información de intervenciones telefónicas y de jurados de acusación con otras dependencias, como la CIA, la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) y la Migra. Antes se necesitaba una orden judicial.
• Da más poderes para pedir información sobre estudiantes. La ACLU comentó que "da a las dependencias policiales acceso a información sumamente personal sobre estudiantes americanos y extranjeros".
Redoblan la represión
Como muestran las detenciones y audiencias secretas, el gobierno ya ha tomado medidas extraordinarias para expandir el aparato represivo.
El 10 de octubre las cinco principales redes televisivas anunciaron que llegaron a un acuerdo para restringir la presentación de declaraciones videograbadas de Osama bin Laden y sus socios. La Casa Blanca lo pidió porque bin Laden podía mandar "mensajes en código" en tales declaraciones. Pero no cabe duda de que esto fue un pretexto para imponer más censura, dado que esas grabaciones se ven por todo el mundo y en la Internet. El New York Times comentó que "es la primera vez en nuestra memoria que las redes televisivas han aceptado limitar los informes". Además, el gobierno está limitando los informes periodísticos sobre las fuerzas armadas y demás actividades gubernamentales. Supuestamente para impedir que "se filtre" información, la Casa Blanca ha dicho que limitará la información que le da al Congreso.
El FBI está realizando interrogatorios por todo el país. A comienzos de octubre, anunció que iba a pasar de investigar los sucesos del 11 de septiembre a prevenir futuros ataques. En el programa Nightline de la cadena ABC, un ex funcionario del gobierno de Clinton dijo que ese cambio significa que ahora los agentes no tendrán que preocuparse de no violar las leyes cuando realizan interrogatorios, porque no les importa tanto que las pruebas sean admisibles en un tribunal.
Ya antes de aprobarse la nueva ley, el FBI ha estado pidiendo información sobre estudiantes por todo el país. El Boston Globe informó el 3 de octubre: "Más de 195 universidades le han dado información sobre estudiantes extranjeros al FBI y al Servicio de Inmigración y Naturalización en las tres semanas desde los ataques terroristas, según un estudio de 1060 universidades". Dicha información incluye números de cuentas bancarias, datos sobre tarjetas de crédito y demás información financiera.
*****
El 12 de octubre, Laura W. Murphy, directora de la Oficina Nacional de la ACLU en Washington, D.C., dijo: "La mayoría de la población no se ha dado cuenta de que el Congreso acaba de aprobar un proyecto de ley que le da al gobierno más poderes para invadir nuestra vida privada, meternos a la cárcel sin respetar el proceso legal establecido y castigar el disentimiento".
La clase dominante dice que está tomando esas nuevas medidas represivas para proteger a la ciudadanía, pero en realidad ponen en peligro los derechos básicos del pueblo.
ˇAlto a los ataques oficiales
y extraoficiales a los árabes
y demás musulmanes,
y a todos los inmigrantes!
ˇDefendamos los derechos del pueblo!
ˇAbajo las leyes represivas!
Este artículo se puede encontrar en español e inglés en La Neta del Obrero Revolucionario en:
rwor.org
Cartas: Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654
Teléfono: 773-227-4066 Fax: 773-227-4497
(Por ahora el OR/RW Online no se comunica por correo electrónico.)