San Diego

Víctimas de la nueva gran campaña patriótica de persecución política

Obrero Revolucionario #1137, 3 de febrero, 2002, en rwor.org

"Sabía que era inocente, que se habían equivocado y que era necesario tener paciencia. Me trataron como un terrorista. Nos hicieron desnudar y sacaron un video. Se divirtieron mucho e hicieron muchos chistes, pero para nosotros fue muy degradante; me trataron peor que a un animal".

Yazeed al-Salmi,
estudiante de Arabia Saudita,
preso por 17 días

San Diego tiene bellas y anchas playas de arena blanca, grandes parques de vegetación exuberante, cielos azules sin contaminación y temperaturas cálidas. La propaganda turística la llama "la ciudad de la eterna primavera", pero la calidez de esta ciudad fronteriza jamás ha abrazado a los inmigrantes que llegan de América Latina y otras partes del mundo. Y desde el 11 de septiembre, los 100.000 mesorientales y musulmanes que viven en el condado de San Diego sienten un terrible frío.

Según el gobierno, tres de los secuestradores que protagonizaron los ataques del 11 de septiembre vivieron por un tiempo en San Diego. Por eso, pocos días después, las autoridades iniciaron redadas de mesorientales y musulmanes en esa ciudad, como parte del operativo nacional que ha hecho más de 1200 arrestos hasta la fecha.

Las primeras víctimas eran estudiantes detenidos como "testigos esenciales"; tenían algún contacto casual con los presuntos secuestradores, por ejemplo, ir al mismo trabajo o a la misma mezquita, y el gobierno los consideró "sospechosos". Los procesos eran secretos. Un magistrado federal prohibió que la prensa entrara al juzgado y prohibió hablar en público a los abogados "por la seguridad nacional". Como se puede detener a los testigos esenciales por tiempo indefinido sin entablar acusaciones, a unos detenidos les dijeron que los iban a trasladar a Nueva York y a tenerlos presos por un año.

Randall B. Hamud, abogado de varios de los detenidos, dijo: "Es un caso de culpa por asociación". Condenó esta persecución política a los mesorientales y dijo que los arrestos hacen recordar "las tácticas de la Gestapo". Hamud, quien es árabe americano, dijo que irá a Nueva York para defenderlos "si es que me permiten subir al avión". A principios de octubre, informó que los detenidos sufrían maltratos físicos y que los guardias los hacían desnudarse para los registros. "Los tratan como subhumanos. Son inocentes".

A continuación contamos lo que les pasó a varios jóvenes que fueron de las primeras víctimas de esta campaña de persecución política.

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Yazeed al-Salmi, de 23 años, es de origen saudí y tiene visa de estudiante válida hasta julio del presente. Estudia en Grossmont Community College en el condado de San Diego. En la mezquita lo ayudaron a encontrar habitación en una pensión, donde uno de los presuntos secuestradores se quedó por un tiempo. El 20 de septiembre, unos agentes del FBI tocaron la puerta y les dio permiso de registrar la habitación sin orden de cateo. A los tres días, lo arrestaron y lo llevaron a la prisión federal de San Diego y luego a San Bernardino, a Oklahoma y a Nueva York.

No lo dejaron bañarse ni lavarse los dientes por ocho días. Lo tuvieron aislado sin material de lectura, televisión o radio. Finalmente, le dieron el Corán. Cuando su abogado por fin logró entrevistarse con él, tenía contusiones en el tronco, los brazos y el cuello e hinchazones en las muñecas y los tobillos por las golpizas de los guardias.

El 9 de octubre, lo dejaron en libertad tras comparecer ante un jurado de acusación federal que le preguntó sobre sus creencias religiosas y su relación con los secuestradores. Estuvo preso 17 días: "Los 17 días parecían 17 años. Contaba cada minuto".

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Osama Awadallah de Jordania tiene 21 años, es residente legal y tiene permiso de trabajo (tarjeta verde). El 23 de septiembre, lo detuvieron como testigo esencial porque conoció a dos de los presuntos secuestradores y su número de teléfono apareció en la guantera de un auto que perteneció a uno de ellos. (Su abogado dijo que el número de teléfono era de hace más de un año). Además, los agentes del FBI encontraron una cuchilla en su coche que, según ellos, se parecía a las que usaron los secuestradores. Awadallah dijo que la usó para cortar una alfombra.

El 20 de octubre, lo acusaron de hacer declaraciones falsas al jurado de acusación porque dijo que conocía a uno de los secuestradores pero no al otro. El FBI entrevistó a los maestros de Grossmont Community College y se llevó todas sus tareas; en un ejercicio de gramática escribió: "He conocido a mucha gente de muchos países", y escribió los nombres de los dos presuntos secuestradores en una lista de conocidos. Su maestro dijo que era muy inteligente y simpático, que estaba muy angustiado por lo del 11 de septiembre y que le comentó que el Islam no aprueba eso. El maestro cree que a lo mejor los nervios lo hicieron equivocarse ante el jurado. Y uno de sus abogados dijo que no quiso cometer perjurio; simplemente se confundió: "Lo han interrogado muy detenidamente durante un mes y al cabo de unas 20 ó 30 horas de interrogatorios no tienen más que esto".

El magistrado federal no dice que sabía de los ataques del 11 de septiembre; sin embargo, lo consideró "peligroso" y no lo dejó salir bajo fianza porque "podía huir y por su asociación con terroristas". Posteriormente le puso una fianza de $500.000 (25 veces más que de costumbre).

Lo tuvieron en aislamiento total por casi tres meses; en documentos oficiales su abogado afirma que un guardia de la cárcel de Oklahoma le tiró zapatos a la cabeza y en la cárcel de Nueva York lo empujaron contra la pared, le tiraron el cabello y lo obligaron a mirar una bandera estadounidense. El 14 de diciembre, lo dejaron en libertad.

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Mohdar Abdallah, de 22 años, es de Somalia. Unos agentes del FBI lo encañonaron en el estacionamiento de un centro comercial el 21 de septiembre. Registraron su apartamento, y le incautaron el auto y la computadora. Le preguntaron a la encargada del edificio si había visto alguna consigna, adorno o material contra Estados Unidos en el apartamento y dijo que no.

Abadallah llevaba varios años trabajando en una gasolinera. Uno de los clientes dijo que era "lo más simpático", y su vecino de tres años dijo que él y los compañeros que vivían en el apartamento eran "buenos muchachos, muy buena onda".

Abdallah conoció casualmente a uno de los presuntos secuestradores. Trabajaron juntos por dos o tres meses lavando coches y a veces iban a las mismas mezquitas. Según fuentes oficiales, también lo consideraron "sospechoso" por tener el mismo apellido que uno de los presuntos secuestradores.

El 15 de octubre, lo acusaron de mentir en una solicitud de asilo político y le pusieron una fianza de $500.000 (íreducida de de $2 millones!). Por lo general la fianza por ese delito es $20.000. El fiscal justificó la altísima fianza por "su origen, sus conexiones y porque no tiene lazos con la comunidad". Sin embargo, cuando compareció ante la corte, mucha gente acudió a apoyarlo, como el presidente de la Asociación Estudiantil Musulmana de Grossmont Community College.

Uno de sus abogados dijo que al principio muchos se ofrecieron como testigos en las audiencias, pero: "Cuando se acercó el día, les dio miedo". El director de una mezquita declaró en la primera audiencia, pero después el FBI fue a verlo varias veces. Por esa presión, dijo el abogado, el director "optó" por no declarar en las demás audiencias.

Si lo declaran culpable, lo pueden meter a la cárcel por cinco años, multarlo $250.000 y deportarlo.

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El 15 de septiembre, arrestaron a Omer Bakarbashat, de 28 años, un ciudadano de Yemen. A mediados de noviembre, un juez de inmigración inició trámites para expulsarlo del país porque tenía visa vencida. Trabajó en una gasolinera donde trabajó uno de los secuestradores, y por un tiempo vivió en la misma pensión que ellos.

Lo detuvieron como testigo esencial y, posteriormente, lo acusaron de cinco delitos graves por violaciones migratorias. Básicamente su "delito" es que se le venció la visa de estudiante y trabajó "ilegalmente". No lo acusan de nada relacionado con el terrorismo, pero no lo dejan salir bajo fianza y estará en la cárcel hasta el juicio.

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A finales de noviembre, las autoridades iniciaron interrogatorios en el condado de San Diego por orden del secretario de Justicia, John Ashcroft; ha ordenado "entrevistas voluntarias" a 5000 hombres de países de la "guerra contra el terrorismo". Michel Shehadeh, director regional del Comité contra la Discriminación a los Árabe-Americanos, dijo que el escrutinio oficial ha provocado mucho miedo: muchos han cancelado las subscripciones a periódicos árabes, les preocupa haber donado a alguna organización caritativa que el gobierno posiblemente acusará de lavado de dinero y no acuden a las reuniones de la comunidad.

El 12 de diciembre en el condado de San Diego arrestaron por violaciones migratorias a 10 estudiantes de países de la "guerra contra el terrorismo". No los acusan de tener relación alguna con los ataques del 11 de septiembre. Se informa que tres de ellos han aceptado la deportación "voluntaria".

El Servicio de Inmigración dice que esta es la primera redada en la investigación de las 280 universidades, escuelas de inglés y escuelas vocacionales donde se matriculan extranjeros en los condados de San Diego e Imperial.

Lilia Velásquez, una abogada especialista en asuntos migratorios que participa en un grupo organizado por ACLU para asesorar a víctimas del escrutinio oficial tras los sucesos del 11 de septiembre, dijo: "Las violaciones migratorias ocurren con cualquier nacionalidad. Pero ahora el Servicio de Inmigración pretende encontrar y someter a un proceso de deportación a estudiantes de ciertas nacionalidades, y esto es solo el principio. Lógicamente esto se ha condenado como racial profiling (detener a la gente por su nacionalidad)".

Al referirse a los estudiantes que aceptaron las entrevistas "voluntarias", y luego fueron detenidos posteriormente como testigos esenciales, el licenciado Randall Hamud señaló: "Las entrevistas no son inofensivas ni voluntarias. Mis defendidos respondieron a las peticiones del gobierno de muy buena fe, y les pagaron con la cárcel y la persecución política".


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